Especialistas advirtieron que solo el 10 por ciento de las concesiones de agua se revisa
Tras advertir que sólo 10 por ciento de las concesiones de agua se supervisan, especialistas demandaron que la reforma en la materia impulsada por el Ejecutivo federal refuerce las inspecciones y fortalezca el marco sancionatorio.
Durante las audiencias que organizó la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, el abogado Juan Manuel Ramírez Velasco indicó que México tiene 536 mil concesiones de agua en manos de más de 380 mil titulares, pero sólo 240 inspectores para supervisarlas.
El también coordinador de asesores de la dirigencia de Movimiento Ciudadano advirtió que de acuerdo con estas cifras, cada inspector tiene que supervisar 2 mil 429 concesiones, lo que es imposible, dijo, de ahí que sólo se revisa 10 por ciento de los títulos, y entre 2013 y 2022, las inspecciones cayeron de 8 mil 547 a mil 858.
Agregó que en 2022, no hubo ningún programa obligatorio de medición de volúmenes de extracción, lo que significa que en México hay títulos de concesión, pero no supervisión.
"La Conagua reporta 58 mil 938 inconsistencias en los títulos de concesión y 1.1 por ciento de los usuarios explota más de 20 por ciento del agua del país. Además, hay usos indebidos de concesiones de agua operadas como industrias y balnearios, clubes de golf registrados como uso agrícola, venta de pipas amparadas con títulos inadecuados.
"Hay 127 concesiones a asociaciones religiosas por más de 7 mil metros cúbicos destinados a hospedaje. Esto revela que el sistema actual no tiene mediciones obligatorias ni sanciones efectivas, ni procesos claros de revocación. El derecho al agua no puede sostenerse sobre un esquema tan opaco como el actual", sostuvo.
Ramírez planteó que en la ley se establezca la obligatoriedad de las inspecciones y garantizar que sean suficientes y profesionales, así como el desarrollo de un registro nacional de tarifas justas y progresivas, a partir de una metodología nacional y uniforme, encaminada a eliminar subsidios regresivos y proteger a los hogares vulnerables.
Ana Lluvia García Vilchis, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, recordó que más de 70 por ciento de los lagos en el país presentan niveles de contaminación significativas y tan sólo en la cuenca del río Atoyac, la mortalidad por insuficiencia renal en adultos es hasta 4.7 veces superior al promedio nacional.
Agregó que de acuerdo con cifras oficiales, 9 millones de personas carecen de acceso al agua y 11 millones de servicios de alcantarillado, además de que 515 municipios no disponen de red de drenaje y alcantarillado y apenas 787 de los 2 mil 463 municipios del país tienen plantas de tratamiento.
Dijo que ante este panorama, la necesidad de una reforma en materia de aguas es clara; no obstante, propuso incorporar en el proyecto el derecho al saneamiento, lo que implica definirlo como una obligación estatal, y definirlo jurídicamente, para establecer en la ley las etapas mínimas de recolección tratamiento y disposición final a fin de eliminar ambigüedades técnicas.
Propuso también establecer en la ley la universalidad de la la cobertura y del tratamiento de aguas y fortalecer las obligaciones de fiscalización continua a concesionarios.
En su turno, la especialista Jessica Estefanía Jiménez Montoya recordó que el 80 por ciento de los ríos en México están contaminados, lo que debe ser motivo de preocupación, ya que el 60 por ciento del agua de consumo humano proviene de ellos.
