San Luis Potosí, SLP.- El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que el robo de agua en la Zona Metropolitana no proviene de perforaciones ocultas, sino de un mecanismo mucho más extendido, el uso irregular de concesiones privadas para abastecer pipas que después comercializan el líquido en plena crisis hídrica.
La declaración surge en medio de la reciente suspensión de varios pozos en Soledad de Graciano Sánchez, caso que detonó una investigación conjunta entre Interapas, la Conagua y autoridades federales. Aunque aún no hay responsables directos, el edil anticipó que el expediente deberá llegar al Ministerio Público, pues se trata de un delito que debe perseguirse.
Galindo fue tajante, “Pozos clandestinos no hay; ninguna perforación se hace sin permiso federal”. El problema, detalló, es que hospitales, hoteles, escuelas y otros particulares con títulos de concesión permiten el ingreso de pipas para vender agua, actividad prohibida y que abre una vía directa al mercado negro.
“Eso es huachicoleo”, aseveró, al explicar que se trata de un delito entre privados que debe investigarse, pero que escapa de la competencia municipal.
El edil aclaró que el municipio sí tiene responsabilidad cuando la sustracción ocurre desde pozos públicos administrados por Interapas. Por ello ordenó reforzar la vigilancia ante la sospecha de que el llenado irregular de pipas podría replicarse en otras fuentes de abastecimiento.
“Es robo de agua, es un delito y lo vamos a perseguir”, insistió.
Mientras el alcalde apunta hacia las pipas que operan con respaldo de concesiones privadas, los datos oficiales revelan un panorama aún más complejo.
Interapas estima que en la capital potosina existen unas 2 mil tomas clandestinas, principalmente en colonias residenciales como Villa Magna, Lomas y Montecillo. Todos los días detectan entre tres y seis nuevas conexiones.
En la Huasteca, productores agrícolas han instalado bombas sin permiso en ríos y arroyos; y en comunidades como La Florida se han localizado pozos perforados sin concesión válida, hoy bajo investigación.
Pero el punto más crítico, según especialistas, está nuevamente en el transporte del agua.
Antonio Cardona, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, advirtió que gran parte de las pipas que circulan en la ciudad se abastecen de pozos no autorizados o con permisos que no corresponden al uso comercial.
“Un pozo agrícola no puede llenar pipas para vender agua. Eso está hundiendo los acuíferos y alimentando un mercado sin regulación”, señaló.
San Luis Potosí enfrenta una sobreexplotación severa, la Conagua registra 528 aprovechamientos activos, de los cuales 300 son pozos profundos. En 2023, el propio Ayuntamiento perforó seis nuevos, algunos de hasta 700 metros.
La extracción excesiva ya provoca efectos graves, niveles de arsénico y fluoruro más altos en el agua potable, pérdidas de hasta 40% por fugas y robo, y la degradación acelerada del acuífero del Valle de San Luis.
La Conagua también detectó 19 concesiones que podrían estarse utilizando para fines distintos a los autorizados, principalmente en la Zona Industrial, donde permisos agrícolas habrían sido convertidos informalmente en negocios comerciales.
Ante este panorama, el gobierno federal prepara una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que aumenta sanciones, multas de hasta 5 millones de pesos, retiro de concesiones y penas de cárcel de hasta 12 años para quienes desvíen, roben o exploten el agua de manera irregular.
El llamado “huachicol del agua” se ha convertido en la expresión más clara del colapso en la gestión del recurso en San Luis Potosí. No es una operación clandestina en la oscuridad, ocurre a plena luz, a través de pipas que entran y salen de pozos privados, tomas ilegales en fraccionamientos y permisos agrícolas usados como negocio.
Mientras los niveles del acuífero caen y las fugas no son atendidas, las redes paralelas de distribución se fortalecen. El problema ya no es sólo técnico, es un sistema de impunidad que amenaza con volver permanente la escasez.
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