San Luis Potosí, SLP.- El caso del accidente en el antro “Rich”, que derivó en la muerte de dos jóvenes, sigue generando controversia y repercusiones en el ámbito político de San Luis Potosí. Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, contralor general del Estado, ha confirmado que tres funcionarios estatales han sido inhabilitados por su responsabilidad administrativa en el lamentable incidente.
Las dependencias involucradas en el caso son Protección Civil, Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS). A pesar de que la investigación concluyó en diciembre de 2024, la resolución no ha sido publicada, ya que se requiere la notificación formal de los funcionarios implicados. Aguiñaga Muñiz destacó que este proceso está actualmente bajo la supervisión del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que será el encargado de determinar la responsabilidad definitiva y las sanciones que se aplicarán.
El contralor aclaró que no se impusieron multas a los funcionarios, y que las inhabilitaciones sugeridas pueden variar según el nivel de responsabilidad que se les asigne. En este contexto, el tribunal tendrá la última palabra sobre las sanciones firmes que se aplicarán a los involucrados.
El caso suscitó una fuerte reacción en la sociedad, que demanda justicia y mayor responsabilidad por parte de las autoridades en la supervisión de lugares de entretenimiento. A medida que se desarrollan los acontecimientos, el impacto del accidente en la política local continúa siendo objeto de análisis y discusión.
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