La activista Samara Martínez, al igual que muchos otros pacientes con padecimientos crónicodegenerativos en el País, desea tener el derecho a decidir en qué momento poner fin a su vida a través de un procedimiento médico asistido.
Y, de hecho, la impulsora de la llamada Ley Trasciende -que busca despenalizar y regular la muerte médicamente asistida en México- ya tiene muy claro cuándo lo decidiría, dada su dura experiencia viviendo con insuficiencia renal crónica en etapa terminal, lupus eritematoso sistémico y glomeruloesclerosis focal y segmentaria, entre otros problemas por los que ha recibido ya dos trasplantes de riñón.
"Los dos años que estuve en hemodiálisis dejé de orinar, porque cuando los riñones dejan de funcionar ya no generas orina; y ahorita volví a recuperar esa función por el segundo riñón trasplantado, que si bien no sirve para limpiar ni filtrar la sangre, me sirve para hacer pipí, lo cual para mí es estar del otro lado, en verdad", narra Martínez en entrevista telefónica.
"Sin embargo, yo sé que eso se va a acabar. Yo sé que voy a tener que regresar a no poder tomar líquidos, a otra vez tener la presión súper descontrolada, a que el peritoneo falle. Entonces, y eso lo tengo muy decidido, cuando deje de orinar o cuando mi peritoneo falle, para mí va a ser tiempo de partir", comparte la también periodista de profesión y académica.
La Ley General de Salud, no obstante, prohibe expresamente en su Artículo 166 Bis 21 la práctica de la eutanasia, entendida como "homicidio por piedad", así como el suicidio asistido, por el cual el Código Penal Federal impone una pena de 1 a 5 años de prisión a quien preste auxilio para tal fin, y hasta 12 años en caso de ejecutar la muerte.
Todo esto a pesar de que sondeos como la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad, de 2022, refieren que 7 de cada 10 mexicanos respaldan la legalización de la eutanasia.
De ahí que la Ley Trasciende busque derogar dicho artículo de la Ley General de Salud, y adicionar a la misma el "Título Octavo Ter - Eutanasia" con las disposiciones necesarias para que quienes padezcan una enfermedad terminal o una enfermedad crónicodegenerativa discapacitante sin posibilidad de cura puedan acceder, si es su voluntad, a los medicamentos que les causen la muerte de manera anticipada sin dolor.
"Que puedan ejercer la elección sobre su propio cuerpo, pero, sobre todo, sobre su propio dolor", remarca Martínez, quien actualmente debe conectarse 10 horas diarias a una máquina de diálisis para poder seguir viviendo.
Ante quienes puedan rebatirle diciendo "¿Por qué no sólo dejas de conectarte, y ya?", la activista reconoce que, de hacerlo, en sólo 15 a 20 días moriría. "Pero, ¿por qué se me tiene que obligar a sufrir en esos 15 o 20 días a mí y a mi familia?", cuestiona, enfática en cuanto a que la tercera causa de suicidio en México es por dolor.
"Ahora bien, no es que yo quiera morir. No. Yo tengo muchas ganas de vivir, pero entiendo que mi cuerpo no funciona. (...) Y yo no quiero morir ahogada con mi propio líquido, que es lo que pasa a muchos pacientes cuando ya dejan de orinar.
"Entonces, es preparar el terreno para que cuando ese día llegue, poder hacerlo por la puerta grande, y no tener que estar sufriendo en un hospital", insiste.
La reforma que Martínez impulsa, elaborada en conjunto con la abogada y activista Paola Zavala y su equipo, plantea que cualquier persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y que cuente con un diagnóstico de enfermedad terminal confirmado por dos médicos, o de padecimiento crónico o degenerativo que cause incapacidad permanente o que atente contra la calidad de vida, podría solicitar la eutanasia.
Luego de recibir información clara sobre su condición, pronóstico, alternativas terapéuticas y opciones de cuidados paliativos, la persona deberá formalizar su voluntad ante un notario público, y refrendar la decisión tras un período de reflexión de cinco días, mínimo. También podrá revocar su solicitud en cualquier momento, sin necesidad de justificación.
Y aunque está contemplada la objeción de conciencia para profesionales de la salud que por motivos éticos, religiosos o personales, no deseen participar en el procedimiento, la reforma también establece que "las instituciones de salud públicas estarán obligadas a contar con personal no objetor y a canalizar a las personas solicitantes en un plazo no mayor a 48 horas".
"Las políticas públicas que habría que implementar es ver dentro de qué área o qué institución se debe enfocar para realizar esto y regular toda la infraestructura necesaria", apunta Martínez, advirtiendo que la burocracia en torno a estos casos tendrá que ser muy ágil dada la situación crítica de los pacientes.
"Sí se tiene que crear una dependencia independiente, valga la redundancia, que sea especializada en todos los aspectos: de duelo, en el aspecto tanatológico, en el aspecto bioetista. Sí se tiene que crear y, obviamente, esa es la infraestructura en la que sí habrá que trabajar y ver temas presupuestales. Pero de que se puede hacer, claro que se puede hacer".
Sobre si la inversión que esto suponga pudiera ser un obstáculo para su implementación, ya que la Secretaría de Salud tendría que capacitar personal y también garantizar el abasto de medicamentos para este fin, la activista contrapone el gran costo que hoy día implican los males terminales e irreversibles; "económicamente, no es más caro de lo que actualmente le cuestan al Seguro Social muchos pacientes como yo", sostiene.
Martínez subraya que la Ley Trasciende será de libre elección, con una cifra de beneficiarios que es difícil de calcular, "pero sí estamos hablando de miles o quizás de millones de personas". Mas en países donde la eutanasia ya es una realidad, como España, Bélgica, Países Bajos y Canadá, tal legalización no derivó en solicitudes masivas.
"Puede ser que de 600 mil pacientes, pues igual no todos quieren ejercer este derecho. Créeme, hay muchos pacientes que prefieren seguir así por cuestiones de ideologías, religiosas incluso, y pues, adelante. Aquí no se va a obligar", dice la activista que ha sumado el apoyo de organizaciones y de legisladores de prácticamente todas las bancadas, salvo la del Partido Acción Nacional (PAN).
La iniciativa se inscribió este miércoles en el Senado para que puedan iniciar las mesas de diálogo, y Martínez asegura tener buenas expectativas sobre su aprobación, pues observa una diferencia sustancial respecto a la media docena de anteriores intentos fallidos por legalizar la muerte asistida en México.
"No había alguien que lo agarrara como causa de vida, y ésta es mi causa de vida. Ante eso, bueno, pues es picar piedra esperando que el cuerpo aguante, y no dejarlo de lado.
"El sistema de salud me ha fallado, la medicina me ha fallado. Yo esperaría que mi Estado y mis legisladores no nos fallen", confía.
