San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí atraviesa un punto crítico en la operación de su sistema judicial. Los jueces y magistrados que recientemente llegaron al cargo mediante elección popular —tras la entrada en vigor de la reforma judicial— comenzaron su gestión enfrentando una cifra que evidencia el tamaño del desafío, -miles de asuntos judiciales abandonados o sin conclusión por parte de la administración anterior.-
La nueva cúpula judicial reconoce que el rezago no es menor. Años de procedimientos detenidos, investigaciones incompletas y audiencias rezagadas forman parte de la herencia que ahora deberá resolverse.
Datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia 2025 del INEGI muestran con precisión la magnitud del problema.
Solo en materia penal, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado recibió 4 mil 835 causas nuevas el último año, pero cerró el periodo con 5 mil 528 pendientes.
-El rezago creció casi 14 %, pues se acumuló más de lo que ingresó.-
Apenas se logró concluir cerca del 9 % de los asuntos penales en trámite, una cifra que deja en evidencia la falta de avance durante la administración saliente.
Es decir, la gran mayoría de los expedientes que hoy enfrentan los nuevos jueces no son nuevos, sino cargas heredadas.
El problema no se limita al ámbito penal
Los juzgados de primera instancia recibieron más de 42 mil asuntos en distintas materias durante el último año. Sin embargo, sólo resolvieron el 46 %.
La mitad de la carga correspondía a conflictos familiares, lo que concentró los recursos humanos y materiales en un solo rubro y dejó todavía más rezagos en el resto de las áreas.
El Poder Judicial de San Luis Potosí cuenta con 14 magistraturas y 62 jueces. A pesar de esta estructura, el crecimiento anual del rezago muestra que la capacidad operativa quedó superada desde hace tiempo y que una parte importante de los expedientes simplemente no avanzó.
Hoy, con jueces y magistrados electos por la ciudadanía, el reto es doble, resolver las carpetas que la administración previa dejó incompletas y demostrar que la elección popular puede mejorar un sistema que ha acumulado retrasos por años.
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