El gobernador Ricardo Gallardo Cardona honró su compromiso con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al entregar una partida de 206 millones 155 mil 546 pesos, que le corresponden de acuerdo con lo previsto en el convenio suscrito entre ambas entidades públicas y la Secretaría de Educación Pública, el mandatario fue claro al señalar que no será el gobierno el falso pretexto para dejar a las y los estudiantes sin clases y a los docentes sin sueldo y aguinaldos.
Este es un tema que durante este año fue y vino, muchos opinaron, pero pocos lo hicieron con argumentos válidos, la ligereza de algunos fue sorprendente, la intención aviesa de otros era culpar al gobierno estatal de los males que aquejan a la Máxima Casa de Estudios desde hace unos años, se busca desviar la atención de los problemas de la vida interna universitaria y también se inventó el cuento de la autonomía bajo acecho.
El apoyo estatal es una prioridad aunque no se puede otorgar sin antes cumplir ciertos requisitos, plazos, la disponibilidad de los recursos es importante y el envío a tiempo de los fondos federales también juega un papel importante, el problema de raíz y que nadie quiso ver es el recorte del presupuesto a la educación superior que se aplicó desde la administración de López Obrador.
El recorte obedeció entre otras razones al derroche de los recursos en sueldos y prestaciones de la burocracia dorada de las universidades del país, desde los rectores hasta sus principales colaboradores, viajes, viáticos, privilegios, pensiones de fábula, su negativa a lograr la vigencia de la gratuidad de la educación, el rechazo de estudiantes de escasos recursos con el pretexto de que no hay capacidad por falta de fondos y el cierre de carreras humanistas, entre otras causas.
El recorte se hizo extensivo a las instituciones de posgrado e investigación como el Colegio de San Luis que también tuvo que moderar sus gastos, el antecedente de los excesos cometidos por el Conacyt, también fue otro motivo para reducir el presupuesto asignado en este rubro.
La UASLP no ha sido ajena al impacto de los recortes federales y está inmersa en una crisis de mando, el doctor Alejandro Zermeño llegó a la rectoría con los mejores augurios, la comunidad universitaria y la opinión pública le dio su respaldo, prometió sancionar una serie de desviaciones de sus antecesores como el nepotismo y tráfico de influencias en el otorgamiento de contratos, y no cumplió; el acoso sexual y laboral sigue siendo una asignatura pendiente.
El rector está mal asesorado y enfrenta varios problemas graves provocados principalmente por sus colaboradores más cercanos, alienta juicios largos y costosos para impedir auditorías del IFSE, prefiere la opacidad que la rendición de cuentas; los principios universitarios se han vulnerado desde adentro; la demanda millonaria por la rescisión de un contrato de arrendamiento, la millonaria nómina de sueldos, el escándalo por grados académicos no obtenidos por sus colaboradores, la lamentable violación y uso de drogas en la Facultad de Derecho y un contrato millonario de seguridad privada que no ha funcionado.
