La diputada Leonor Otegui, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa de ley que propone establecer un marco de regulación para influencers, creadores de contenido y usuarios de plataformas digitales.
La propuesta contempla sanciones económicas de hasta 1.1 millones de pesos, amonestaciones públicas, e incluso la suspensión de canales o cuentas en caso de incumplimiento.
De acuerdo con el texto legislativo, el objetivo de la iniciativa es “crear un entorno digital seguro” mediante la supervisión de contenidos que circulan en redes sociales y medios digitales. Sin embargo, diversos sectores han expresado preocupación por la ambigüedad y amplitud de los criterios planteados.
Contenido sujeto a sanciones
Entre los elementos que podrían ser motivo de sanción se encuentran:
Publicidad sin la debida autorización.
Opiniones que “simulen ser imparciales” o que puedan interpretarse como engañosas.
Uso considerado “inadecuado” de inteligencia artificial.
Contenidos considerados manipulados o que “vulneren la dignidad humana”, según lo determine la autoridad competente.
Difusión de contenido clasificado como “prohibido”, sin una definición específica en la iniciativa.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido que estos criterios podrían prestarse a interpretaciones discrecionales, lo que representaría un riesgo para el ejercicio del periodismo, la libertad de opinión y la participación ciudadana en redes.
Aunque la diputada Otegui (como lo dicen todos los diputados que han propuesto iniciativas similares) ha señalado que la intención no es limitar la libertad de expresión ni censurar a usuarios, críticos de la iniciativa consideran que la propuesta podría ser utilizada como una herramienta de control político, especialmente contra voces críticas del gobierno.
“Las reglas terminan aplicándose de forma selectiva y pueden abrir la puerta a la censura”, “la realidad es un paso más hacia el control total del espacio digital”, señalaron algunas organizaciones en redes sociales, tras conocerse el contenido del documento.
El proyecto de ley aún debe ser discutido en comisiones antes de pasar al pleno del Congreso capitalino. Diversos colectivos de comunicadores, creadores de contenido y académicos han pedido que se abra un debate amplio, transparente e inclusivo, para evitar que se vulneren derechos fundamentales en el entorno digital.
