Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado dictaminarán mañana la Ley General de Extorsión con la que el Ejecutivo propone crear el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (Centro) y homologar las penas máximas por hasta 25 años en todo el País.
De acuerdo con el proyecto, el Centro será dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y se encargará de garantizar la recepción, registro, canalización y seguimiento de las denuncias que la ciudadanía presente a través del número único 089.
Este instrumento, versa el documento, será clave para crear productos de inteligencia que permitan identificar patrones en la comisión del delito.
Además, deberá trabajar en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica.
Asimismo, perfila la obligación de la Federación y las entidades a diseñar e implementar una estrategia para combatir el delito y los estados deberán ajustarse a los contenidos mínimos que establezca la estrategia nacional.
El documento contempla un noveno transitorio donde indica que las erogaciones de los sujetos obligados se cargarán al presupuesto ya aprobado y no se autorizarán bolsas adicionales para el presente ejercicio fiscal.
"Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado de los sujetos obligados por este instrumento, por lo que no incrementarán su presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal", indica el proyecto.
Las sanciones
En el proyecto se define a la extorsión como aquella donde se "obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico".
Proyecta que a quienes incurran en extorsión se les impondrá una pena de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Para ello, propone fijar tres conjuntos de agravantes. El primero contempla sumar entre cuatro y ocho años de cárcel a los ya previstos, cuando se incurra en prácticas como imponer a la víctima el precio de los productos, bienes o servicios que comercializa y se cometa en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados.
El segundo proyecta aumentar a la pena de cinco a 12 años, en caso de que se utilicen medios de comunicación a través de los que se emitan, transmitan o reciban signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información para cometer el ilícito.
Asimismo, la pena incrementaría de 7 a 17 años cuando se use violencia física y el sujeto activo se encuentre privado de su libertad en un centro penitenciario, a disposición de cualquier autoridad, independientemente de su situación procesal.
El Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el morenista Enrique Inzunza, perfiló que su aprobación ante el Pleno quedará concretada el miércoles, para que posteriormente se envíe al Ejecutivo.
"Mañana las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, discutiremos el dictamen de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Y el miércoles 19, la aprobaremos en el Pleno del Senado", comunicó.
