La nueva Ley Antilavado traslada a agentes inmobiliarios la responsabilidad del Gobierno de rastrear y alertar de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, aseguró que pese a los avances a favor de evitar prácticas fuera de la ley en la compra y renta de viviendas, los asesores no cuentan con las facultades para verificar la procedencia de los ingresos de los compradores.
"En nuestra asociación", dijo Oviedo, "identificamos que en el 40 por ciento de los casos trabaja una sola persona como asesor dentro de una empresa (para este tipo de tareas de investigación)".
Según especialistas, los asesores inmobiliarios estarán obligados a conservar expedientes de sus clientes durante 10 años y establecer políticas internas para supervisar operaciones irregulares.
Además, deberán reportar los resultados a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria, confirmaron.
Jorge Rodríguez, Business Development Manager en Regcheq México, sostuvo que los asesores inmobiliarios y entidades que transaccionan con inmuebles estarán obligados a investigar la procedencia de los recursos que tienen sus compradores.
"La responsabilidad cae ahora sobre el asesor inmobiliario o el intermediario, como en su momento fueron los notarios", dijo.
