El Pleno del Congreso del Estado aprobó, con 18 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, el dictamen que adiciona el artículo 187 TER, así como el Capítulo V denominado "Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social", con los artículos 272 BIS y 272 TER, al Título Décimo Primero, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para tipificar como delito el uso indebido de la inteligencia artificial.
Al respecto el diputado Héctor Serrano Cortés, promovente de la iniciativa, comentó que ante la polémica generada por esta reforma, que algunos consideran va en contra de la libertad de expresión, se revisó el único documento presentado por personas interesadas en el tema, donde de atendieron esas preocupaciones, por lo que se determinaron los excluyentes de responsabilidad.
Regulación a IA en San Luis Potosí: ¿avance legislativo o control?
La rapidez con la que el Congreso de San Luis Potosí aprobó tres nuevos delitos vinculados con el uso de inteligencia artificial (IA) encendió alertas. En apenas una semana, la Comisión Primera de Justicia avaló la iniciativa del diputado Héctor Serrano Cortés, incorporando al Código Penal una regulación que, aunque busca frenar el crecimiento de los deepfakes y los contenidos manipulados, abre un debate más profundo, ¿estamos frente a una legislación necesaria o ante un instrumento apresurado que podría vulnerar libertades?
Activistas como Luis González Lozano advirtieron que el delito de provocar alarma social, está redactado con tal vaguedad que puede convertirse en un arma de doble filo. ¿Quién determinará qué es alarma social? ¿Bajo qué criterios se acreditará que un contenido realmente puso en riesgo la seguridad pública? Es precisamente en los márgenes difusos donde se concentran los abusos.
Reforma que regula uso de IA, para proteger a personas
El diputado Serrano Cortés dijo que la reforma al Código Penal para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social que fue aprobada, responde a la necesidad de trabajar con apego a la legalidad al atender temas que están causando daño a la sociedad y bajo ninguna circunstancia atenta contra la libertad de expresión o los derechos de las personas a disentir.
Recordó que durante el análisis de la iniciativa que presentó, no solo se escuchó a los especialistas en el tema y se recibió un documento de una persona que no es diputado, se atendieron las dudas y preocupaciones relacionadas con algunos responsables de medios en plataforma digitales y “fuimos acuciosos al determinar las excluyentes de responsabilidad relacionadas a la sátira política, la crítica y temas de difusión periodística; eso está a salvo”.
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