San Luis Potosí, SLP.- Luego de que el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobara por unanimidad la reforma que tipifica como delito las llamadas “terapias de conversión”, la Iglesia Católica en la entidad descartó que esta medida pueda derivar en la realización de este tipo de prácticas de manera clandestina, y reiteró su respeto absoluto a la dignidad, libertad y decisiones de cada persona.
El vocero de la Arquidiócesis potosina, Tomás Cruz Perales, subrayó que la Iglesia no promueve ni respaldará acciones que pretendan corregir la orientación sexual o identidad de género de nadie, al tiempo que recordó el mensaje del Papa Francisco sobre el respeto y la no discriminación.
“Lo que siempre hemos manifestado, y lo que el Papa Francisco ha dicho, es que ¿quiénes somos para juzgar? Desde todos los aspectos, como Iglesia, respetamos a la persona, sea cual sea su preferencia”, expresó Cruz Perales.
El vocero insistió en que la libertad individual es un aspecto fundamental del ser humano, y que cualquier decisión personal debe ser respetada sin imponer juicios ni prácticas de modificación.
“Hay un aspecto fundamental de la persona que es la libertad de decidir un cambio en su vida, y eso trasciende en cualquier aspecto. No tiene por qué promoverse ni hacerse conversiones de manera clandestina”, afirmó.
Cruz Perales destacó además que la Iglesia respeta las decisiones legislativas, como la aprobada por el Congreso local para sancionar con penas de prisión y multas a quienes realicen, impartan o financien terapias de conversión, y reiteró que su labor pastoral se centra en acompañar a las personas, no en imponerles un modo de vida.
“Los cambios en las leyes van y vienen; respetamos la decisión de las diputadas y diputados que impulsaron esta iniciativa. De antemano reiteramos nuestro respeto a las personas, a sus gustos y a su libertad”, añadió el vocero.
La reforma aprobada por el Congreso potosino establece sanciones de dos a seis años de prisión y multas de hasta dos mil UMAS para quienes practiquen este tipo de procedimientos, y penas más severas si las víctimas son menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
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