San Luis Potosí, SLP.- La mañana de este miércoles, un pequeño grupo de trabajadoras jubiladas del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” volvió a hacer visible un problema que, más allá de los números y los oficios administrativos, exhibe la fragilidad del sistema de salud y el abandono hacia su propio personal.
Frente a las oficinas del IMSS Bienestar en San Luis Potosí, siete ex empleadas del hospital se manifestaron para exigir lo que debería ser un derecho garantizado, el pago de sus prestaciones laborales. Algunas llevan casi un año esperando que se liberen sus recursos pendientes —aguinaldos, primas vacacionales, incrementos salariales y otros conceptos— desde que concluyeron formalmente su servicio.
“Solo pedimos que se nos pague lo que nos corresponde. No es un favor, es justicia después de tantos años de trabajo”, expresó Alma Cristina López Martínez, una de las jubiladas afectadas, quien aseguró que el problema alcanza a por lo menos 25 personas en la misma situación, tanto en la capital como en municipios del interior del estado.
A pesar de que algunas recibieron depósitos parciales en las últimas semanas, la mayoría continúa sin respuesta. Las afectadas han recibido una serie de explicaciones que van desde errores administrativos hasta trámites detenidos en oficinas federales, lo que prolonga indefinidamente la resolución de sus casos.
Las inconformes, dan a conocer que la responsable del área administrativa del IMSS Bienestar, identificada como Norma, se comprometió a reunirse con ellas este viernes para darles una respuesta definitiva tras acudir a la Ciudad de México.
La protesta de las jubiladas, más que un reclamo aislado, simboliza una herida más profunda, la de un sistema de salud en transformación que no ha logrado garantizar ni certeza laboral ni respeto a quienes dedicaron su vida a sostenerlo.
Durante años, muchas de estas trabajadoras enfrentaron largas jornadas, carencias materiales y sobrecarga de trabajo; ahora, en su retiro, enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo recibirán lo que por ley les pertenece.
“Algunas compañeras ya no pueden venir, viven lejos o tienen problemas de salud. Pero todas seguimos esperando lo mismo: que el gobierno cumpla”, dijo una de ellas con resignación.
Mientras las autoridades prometen atender el caso, la escena de médicas, enfermeras y trabajadoras administrativas jubiladas protestando afuera de una institución de salud retrata con claridad un panorama preocupante, el de un sistema que, incluso en el retiro, sigue fallándoles a quienes lo hicieron funcionar.
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