La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Senado a formular la declaratoria de desaparición de poderes en el Estado de Michoacán.
El documento señala que durante las últimas dos décadas, Michoacán ha sido uno de los principales epicentros de la violencia criminal en México, como consecuencia del crecimiento de organizaciones criminales como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y otras organizaciones que han capturado actividades periodísticas, económicas y sociales en la entidad.
Señala que algunos de los ejemplos de "la atrocidad" son el asesinato de Armando Linares, director del medio digital Monitor de Michoacán, tras exhibir la corrupción que se presenta en la región y el de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca por representar una amenaza para talamontes ilegales.
A ello, agrega, se suman la extorsión que se vive en los municipios de Tierra Caliente, en donde hay cobro de piso por parte de la Familia Michoacana, que también tiene bajo su mando el control de precios de precios productos y mercancías.
Indica que los enfrentamientos entre células delictivas han cobrado la vida de personas inocentes, entre ellas, niñas y niños, como sucedió en junio pasado, cuando un vehículo quedó atrapado entre el fuego cruzado, provocando la muerte de un menor de cinco años y dos más resultaron heridos en Zitácuaro.
Recientemente, abunda, asesinaron a Bernardo Bravo, empresario y productor limonero que había denunciado la inseguridad y la extorsión que viven los productores por parte del crimen organizado, hecho que recuerda al asesinato de su padre, también asesinato en 2013, bajo circunstancias similares.
Otro empresario asesinado es Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del también asesinado Hipólito Mora, junto con su esposa el pasado sábado 1 noviembre.
La legisladora advierte que, particularmente en la actual Administración, la violencia contra las autoridades locales ha sido más recurrente, pues se han registrado siete asesinatos de presidentes municipales, mientras que otro más fue secuestrado y se encuentra en calidad de desaparecido.
Detalló que entre los Alcaldes asesinados entre 2022 y 2025 se encuentran Enrique Velázquez Orozco (PRI), de Coatepec; César Arturo Valencia Caballero (PVEM), de Aguililla; Guillermo Torres Rojas (PRI), de Churumuco; Yolanda Sánchez Figueroa (PAN), de Cotija; Salvador Bastida García (PT), de Tacámbaro; Martha Laura Mendoza Mendoza (Morena), de Tepalcatepec y Carlos Manzo Rodríguez (independiente), de Uruapan.
Además, Gilberto Mejía Salgado, de Penjamillo, se encuentra desaparecido desde 2021.
"Los citados asesinatos de autoridades en funciones y empresarios son evidencia de las condiciones de ingobernabilidad que atraviesa la entidad, bajo el asedio y control de los grupos delictivos que, ante la inacción del gobierno estatal, extorsionan a los sectores productivos, someten a las autoridades civiles y de seguridad bajo relaciones de complicidad y asesinan a quiénes se resisten y denuncian sus actividades", señala el punto de acuerdo.
De acuerdo con el documento, las condiciones de violencia generalizada, los asesinatos sistemáticos de autoridades municipales, las acusaciones de colusión de funcionarios estatales con grupos criminales y la ausencia de resultados en la procuración de justicia que imperan en la entidad, en conjunto representan una grave crisis de ingobernabilidad que imposibilita el ejercicio normal de los poderes públicos en Michoacán.
Ante ello, solicitó al Senado formular la declaratoria de desaparición de poderes en Michoacán.
"La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República a formular la declaratoria de desaparición de poderes en el Estado de Michoacán, con fundamento en el Artículo 76, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", plantea el punto de acuerdo.
