San Luis Potosí, SLP.- La manifestación realizada este lunes por habitantes de Escalerillas, quienes bloquearon por varias horas la glorieta Real Inn y vialidades estratégicas como Salvador Nava y Periférico, volvió a poner en evidencia el hartazgo de las comunidades rurales de la capital potosina ante la falta de agua potable.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que la intervención de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal durante la protesta no tuvo carácter represivo, sino que respondió a la necesidad de evitar afectaciones mayores en el tránsito vehicular. Subrayó que la movilización fue ajena al Ayuntamiento, pues el desacuerdo de los habitantes está relacionado con la construcción de un ducto de agua a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un proyecto federal que —según dijo— no depende del municipio.
“Se actuó únicamente para desahogar el tráfico en puntos como Periférico, Salvador Nava y la salida a Guadalajara. La participación de los elementos se realizó limpiamente y respetando los derechos humanos”, sostuvo el edil.
Galindo insistió en que su administración mantiene canales de diálogo abiertos con los pobladores y que Escalerillas ha sido atendida en diversas necesidades. No obstante, reconoció que la demanda principal de la comunidad es que el ducto de Conagua les garantice un beneficio directo, pues temen que el agua que atraviesa su territorio no llegue finalmente a sus hogares, sino que sea destinada a otras zonas urbanas.
De acuerdo con los vecinos, el ducto que construye Conagua promete abastecer a varias colonias del poniente de la ciudad, pero no asegura el suministro para Escalerillas, una comunidad que históricamente ha enfrentado escasez y desabasto. Los habitantes acusan que se priorizan intereses externos mientras ellos continúan sin acceso regular a un servicio básico.
El reclamo, por tanto, no solo apunta a la federación, también exhibe la falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, que se deslindan mutuamente la responsabilidad de garantizar agua para los más de 4 mil habitantes de la zona.
Aunque el alcalde sostiene que se trata de un conflicto federal, la pregunta es inevitable,
¿puede el Ayuntamiento desligarse completamente de un problema que impacta directamente a su población y a su territorio?
Si bien la ejecución técnica del ducto corresponde a Conagua, la gestión del servicio, la planeación territorial y la atención social recaen en parte en el municipio. La omisión o la falta de acompañamiento en proyectos de este tipo puede traducirse en fracturas sociales como las que hoy se evidencian.
En ese sentido, el deslinde del gobierno municipal parece más político que operativo, pues, aunque no sea el ejecutor del ducto, sí tiene la obligación de representar los intereses de la comunidad y garantizar que el proyecto realmente les beneficie.
Finalmente el edil , Enfoque Galindo negó que se haya hecho uso de la fuerza contra los manifestantes, y aseguró que la presencia de los elementos fue meramente preventiva. Sin embargo, los bloqueos y la movilización policial generaron un ambiente de tensión que dejó entrever la falta de diálogo previo y la urgencia de respuestas concretas.
El edil adelantó que este martes se llevaría a cabo una reunión entre los tres niveles de gobierno y los pobladores, con la expectativa de que se presente una respuesta clara y verificable a las inquietudes de Escalerillas.
El caso de Escalerillas refleja un patrón recurrente en San Luis Potosí, proyectos federales que se anuncian como soluciones integrales, pero que terminan profundizando desigualdades locales. Mientras los gobiernos intercambian responsabilidades, las comunidades continúan manifestándose por lo más básico, agua.
Porque más allá de si el ducto es federal o municipal, el problema sigue siendo humano, un pueblo que clama por el derecho elemental a abrir la llave y ver salir agua.