San Luis Potosí, SLP.- En medio del clima de tensión y preocupación que vive la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tras los recientes hechos de violencia, un grupo de académicas, investigadoras y profesoras de la Facultad de Derecho decidió pasar de la indignación a la acción.
Con una propuesta clara y una convicción firme, las docentes presentaron una serie de iniciativas que buscan reconstruir el sentido de comunidad universitaria y garantizar entornos seguros, libres de violencia y discriminación. Entre las medidas planteadas destacan la creación de un “corredor seguro” y el programa “Universidad sin Violencia”, concebidos como espacios y políticas permanentes para la prevención de agresiones y el fortalecimiento del respeto dentro del campus.
“La seguridad es un derecho humano, no un privilegio. Su defensa implica la corresponsabilidad de todos, autoridades, gobierno y sociedad”, expresaron las académicas, quienes además hicieron un llamado al rector, al gobernador y al presidente municipal para articular esfuerzos concretos en la protección del alumnado y el personal universitario.
Lejos de confrontaciones o intereses políticos, las profesoras afirmaron que su participación responde al deseo de reconstruir el tejido universitario tras los sucesos que sacudieron a la comunidad en semanas recientes, incluyendo la agresión sexual contra una estudiante dentro de la propia Facultad de Derecho, hecho que evidenció la urgencia de medidas efectivas.
El pronunciamiento del grupo coincidió con la reciente designación de Jesús Javier Delgado Sam como responsable temporal de la dirección de la facultad, decisión tomada por el Consejo Técnico Consultivo. Sin embargo, las docentes subrayaron que los cambios administrativos no bastan, y que el verdadero desafío radica en emprender transformaciones estructurales con perspectiva de género, inclusión y respeto a los derechos humanos.
Durante su participación, las académicas también denunciaron el ambiente de hostilidad vivido durante la reunión informativa del pasado 5 de noviembre, en la que una de ellas fue objeto de abucheos, burlas e interrupciones por parte de algunos colegas mientras exponía preocupaciones sobre la falta de seguridad y la escasa representación femenina en los espacios de decisión.
“No hubo un llamado al respeto ni intervención de las autoridades. Fue un acto que vulneró mi dignidad, mis derechos humanos y los valores universitarios”, relató una de las profesoras, quien además denunció haber sido discriminada por su condición de discapacidad psicosocial.
Tras el incidente, las docentes presentaron una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Universitarios y entregaron un documento al Consejo Directivo Universitario solicitando la activación de los protocolos de atención a la violencia de género. Exigen también que se garanticen condiciones seguras para la libertad de expresión y el ejercicio docente.
Las firmantes de este pronunciamiento reiteraron que su postura no responde a intereses partidistas ni personales. “Somos profesoras, investigadoras y universitarias comprometidas con la enseñanza y la justicia. No buscamos confrontar, sino transformar”, aseguraron.
Finalmente, hicieron un llamado a que la Facultad de Derecho asuma un cambio de paradigma institucional que erradique prácticas misóginas, discriminatorias y de exclusión. “No se trata de una guerra entre géneros, sino de construir una universidad igualitaria, donde nadie tema hablar, enseñar ni aprender”.
Las académicas cerraron su intervención con un mensaje que resonó entre los pasillos universitarios
“La UASLP debe ser un espacio de respeto, libertad y pensamiento crítico. No de miedo ni silencios. Queremos una universidad que escuche, que proteja y que eduque con perspectiva de derechos humanos y de género”.
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