San Luis Potosí, SLP.- Mientras miles de familias en la zona metropolitana de San Luis Potosí padecen por la falta constante de agua, el organismo operador Interapas vuelve a estar en el centro de la polémica. La Junta de Gobierno aprobó un ajuste tarifario de hasta 5 por ciento, bajo el argumento de que solo se trata de una actualización inflacionaria y no de un aumento. Sin embargo, la realidad contradice ese discurso, se quiere subir el precio de un servicio que, para buena parte de la población, simplemente no existe.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos defendió la medida señalando que “no se trata de un incremento, sino de mantener las tarifas al nivel de la inflación”. Pero, ¿cómo justificar un cobro más alto cuando Interapas no logra cumplir su función elemental, garantizar el abasto de agua potable? Las protestas ciudadanas de las últimas semanas —dos tan solo en la semana pasada— son la muestra más clara del hartazgo social. Colonias enteras en la capital y comunidades de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos han tenido que organizar juntas vecinales para costear pipas, reparar tuberías o gestionar por su cuenta el suministro que el organismo debería asegurar.
La incongruencia es evidente. Interapas es uno de los organismos con mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ocupando el tercer lugar en denuncias por deficiencia en el servicio, cortes arbitrarios y falta de respuesta ante reportes ciudadanos. En lugar de atender su crisis operativa, el organismo parece concentrarse en justificar un incremento que, aunque se disfrace de “ajuste inflacionario”, golpeará directamente al bolsillo de quienes menos tienen, los usuarios del sector popular, quienes representan la mayor parte de los hogares con tarifa fija.
Resulta inaceptable que se plantee un aumento a un servicio tan básico cuando los tanques permanecen vacíos y la distribución irregular se ha vuelto costumbre. Más aún cuando el propio Interapas reconoce que no recibe subsidios ni federales, ni estatales ni municipales, lo que pone en evidencia una estructura administrativa insostenible que, en lugar de mejorar su eficiencia, busca trasladar sus deficiencias a la ciudadanía.
El discurso oficial pretende maquillar la falta de resultados con tecnicismos financieros, pero la realidad es otra, el agua no llega, las quejas se acumulan y la confianza pública se evapora. Pretender cobrar más por lo que no se entrega es, más que una actualización tarifaria, una muestra de desconexión entre las autoridades y la vida cotidiana de la gente.
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