San Luis Potosí, SLP.- El conflicto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y las comunidades originarias del municipio escaló nuevamente, luego de que representantes indígenas acusaran al gobierno de Enrique Galindo Ceballos de mantener una política de exclusión, manipulación y simulación en los procesos de participación ciudadana destinados a los pueblos indígenas.
Las comunidades otomí, triqui, tének, náhuatl y mixteca independiente denunciaron que, bajo el argumento de reponer la consulta indígena, el municipio detuvo durante meses el ejercicio de los recursos públicos etiquetados para su atención, lo que —afirman— constituye una estrategia para controlar el destino del presupuesto y silenciar las voces críticas dentro de las comunidades.
Palmira Flores García, ex titular de la Unidad de Atención a los Pueblos Originarios y reconocida defensora de los derechos indígenas, señaló que el gobierno municipal ha incumplido de forma sistemática la Ley de Consulta Indígena y los principios de autonomía y representación legítima.
“Lo que vemos es una simulación. Fingen consultar, pero ya tienen decidido a quién nombrar y cómo repartir los recursos. No hay respeto, ni transparencia, ni voluntad política para trabajar con las comunidades”, denunció.
El nombramiento de Julio Hernández Miguel como nuevo titular de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, realizado en octubre de este año, fue considerado por los pueblos como un acto carente de legitimidad y contrario al espíritu de autogobierno que protege la legislación federal y estatal.
De acuerdo con las denuncias, el proceso estuvo marcado por irregularidades graves: se permitió la participación de personas sin pertenencia indígena, con vínculos partidistas y provenientes de colonias urbanas que no forman parte de los pueblos originarios.
“Advertimos de la usurpación de identidad indígena, pero el Ayuntamiento prefirió validar el proceso antes que corregirlo”, sostuvo Flores García, quien agregó que, con ello, la administración municipal viola los estándares internacionales de consulta libre, previa e informada.
Las comunidades señalaron que la designación del nuevo funcionario ha sido utilizada como herramienta de control, pues ahora el gobierno local condiciona la entrega de recursos a su mediación directa, bloqueando toda gestión que no pase por su oficina.
“Lo que el municipio está haciendo es institucionalizar la exclusión. Nos obligan a reconocer a un representante impuesto si queremos acceder a los apoyos, y eso es una forma moderna de sometimiento político”, acusaron líderes comunitarios durante una reunión reciente.
El conflicto exhibe un patrón de comportamiento que, según activistas, revela la falta de compromiso real del Ayuntamiento con los derechos de los pueblos indígenas. Mientras en el discurso se promueve la inclusión, en la práctica se niega la participación directa, se centraliza el poder y se restringe el acceso a los recursos públicos.
En palabras de Flores García, el mensaje es claro, “No pedimos favores ni cuotas políticas. Exigimos respeto a la ley y al derecho a decidir sobre nuestro propio desarrollo. El gobierno municipal ha optado por simular y controlar en lugar de construir confianza.”
Organizaciones civiles y académicos especializados en derechos indígenas han advertido que este tipo de prácticas perpetúan la desigualdad institucional y desmantelan los mecanismos de participación que las comunidades han construido durante décadas.
Mientras tanto, las comunidades indígenas de San Luis Potosí mantienen su exigencia, transparencia, respeto a su autonomía y fin al uso político de los recursos destinados a su desarrollo.
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