San Luis Potosí, SLP.- A un año de que San Luis Potosí se convirtiera en uno de los estados donde interrumpir el embarazo dejó de ser delito, 674 mujeres y personas con capacidad de gestar han accedido a este servicio, aunque la mayoría lo ha hecho fuera del sistema público de salud.
De acuerdo con el informe “Aborto legal y acompañamiento en San Luis Potosí, un año de la despenalización”, elaborado por el Frente Marea Verde SLP en colaboración con Abortistas MX, Apoyaré A.C., la Red de Médicas por el Derecho a Decidir y Luninas Centro de Derechos Humanos A.C., el balance del primer año muestra avances legales, pero también una brecha significativa entre el reconocimiento jurídico y la realidad en los hospitales.
Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, los Servicios de Salud del Estado registraron 136 interrupciones de embarazo, sin detallar las unidades médicas donde se realizaron ni precisar cuántos fueron abortos voluntarios.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendió 71 casos:
Hospital General de Zona No. 1 “Zapata”, en la capital potosina: 64 procedimientos, de los cuales solo dos fueron voluntarios.
Hospital General de Zona No. 6, en Ciudad Valles: 7 casos, seis de ellos por violación.
Por su parte, el ISSSTE no entregó información sobre el número de procedimientos realizados, argumentando que aún se encuentra en periodo de prórroga para la entrega de datos.
En contraste, los colectivos feministas documentaron 467 acompañamientos durante el mismo periodo, realizados por 21 acompañantas y cuatro agrupaciones en abortos dentro de las primeras 12 semanas de gestación, principalmente mediante el uso de medicamentos como misoprostol o la combinación misoprostol-mifepristona.
El informe destaca que, pese al decreto del 12 de noviembre de 2024 —que eliminó las sanciones penales por abortar dentro de las primeras doce semanas— y a la reforma sanitaria de mayo de 2025 que ordena garantizar el acceso gratuito y seguro, el sistema de salud estatal continúa enfrentando resistencias institucionales, objeción de conciencia y carencia de personal capacitado.
En todo el año, los Servicios de Salud del Estado realizaron solo dos cursos sobre atención a abortos seguros, mientras que el IMSS no reportó ninguna capacitación. Esta falta de formación, sumada al estigma social, ha provocado que muchas mujeres opten por redes feministas antes que acudir a los hospitales.
Las organizaciones coincidieron en que la despenalización fue un paso histórico, pero insuficiente. Las brechas territoriales y culturales impiden que el acceso sea igualitario, sobre todo en municipios rurales o de difícil acceso.
El Frente Marea Verde propuso trasladar la regulación del aborto del ámbito penal al sanitario y destinar presupuesto específico para capacitación, abasto de medicamentos y sensibilización del personal médico.
“El reconocimiento legal es solo el primer paso; garantizarlo requiere voluntad política, recursos y una visión centrada en la dignidad y autonomía de las mujeres”, señalaron las representantes de las colectivas durante el foro “San Luis Potosí: acceso al aborto, ¿seguro y gratuito?”.
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