Un juez federal de Tijuana negó a Hilda Brown Figueredo, diputada federal de Morena, la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Marco Antonio Arreola, juez Décimo de Distrito en Tijuana notificó hoy su decisión, como parte de un amparo promovido por la también ex Alcaldesa de Playas de Rosarito el pasado 2 de octubre.
Las cuentas de Brown fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Gobierno de Estados Unidos la designó como aliada de Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, a su vez vinculados con René y Alfonso Arzate García, los líderes de La Mayiza en Baja California.
Inicialmente, el juez había negado la suspensión provisional, pero sólo porque Brown no acompañó su demanda con documentos que acreditaran que es titular de las cuentas en Banorte e Inbursa que fueron congeladas.
El pasado 29 de octubre, el juez tuvo que requerir a la UIF bajo apercibimiento de multa para enviar copia del acuerdo de bloqueo.
"A la presente data no se encuentra debidamente integrado el presente incidente; por lo tanto, al resultar necesarias para resolver, requiérase a la autoridad responsable titular de la UIF, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del momento en que reciba el oficio que de este auto emane, remita copia certificada del acuerdo 282/2025 y la Lista de Personas Bloqueadas en la que se incluyó a la aquí quejosa y a la que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito", ordenó el juez.
Hasta ahora, se desconocen públicamente las razones de Arreola para negar la suspensión en esta demanda, que fue promovida antes de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Amparo.
A partir del pasado 17 de octubre, la Ley de Amparo prohíbe a los jueces conceder suspensiones provisionales contra bloqueos de la UIF, mientras que la suspensión definitiva sólo se puede otorgar si el quejoso acredita la licitud de sus recursos, lo que puede tomar meses.
Brown podría obtener una nueva medida prevista en la ley, que no es una suspensión, por la cual el juez autorizaría acceso a recursos suficientes de sus cuentas, solo para su subsistencia y la de personas que dependan económicamente de ella.
La Suprema Corte de Justicia, en su anterior integración, declaró que los bloqueos de la UIF son inconstitucionales, salvo cuando deriven de una solicitud expresa de autoridades extranjeras en colaboración con México.
Por tanto, el juez Arreola, electo en junio pasado, deberá aclarar si una designación de la OFAC califica como una solicitud de colaboración, cuando resuelva el fondo del juicio de amparo. La audiencia constitucional está prevista para el 13 de noviembre, pero seguramente será aplazada.
El 19 de septiembre, cuando se hizo pública la designación de la OFAC, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México aún no tenía pruebas suficientes para bloquear las cuentas de Brown.
