San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí, la justicia para las víctimas de violación avanza con pasos tan lentos como el discurso político corre hacia los extremos.
De acuerdo con datos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), solo el 19 por ciento de las carpetas judicializadas por violación en los últimos dos años han concluido en sentencia, la mayoría de ellas condenatorias.
La cifra revela un rezago estructural en los procesos penales por delitos sexuales, pese al endurecimiento del discurso oficial.
Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del STJE, reconoció que la dilación en los procesos judiciales se debe a cuestiones “propias del procedimiento penal acusatorio”, como las ampliaciones de pruebas, recursos o impugnaciones presentadas tanto por la defensa como por la Fiscalía.
“No tiene que ver con que el Ministerio Público lo llevó tarde, no. Son las situaciones propias del procedimiento penal acusatorio”, puntualizó.
En entrevista, la magistrada informó que los juzgados especializados en justicia para adolescentes también están resolviendo casos de delitos sexuales en los que participan víctimas o agresores menores de edad. Aunque no precisó el número exacto de sentencias, aseguró que se han dictado condenas severas, incluso una reciente por 30 años de prisión.
Uno de los casos que más ha hecho ruido a la opinión pública es el de un adolescente acusado de violación específica agravada contra una estudiante de la Facultad de Derecho de la UASLP, quien recientemente fue internado en el centro especializado para menores infractores tras entregarse voluntariamente.
El proceso se mantiene activo y, debido a su edad, el acusado no puede ser recluido en un penal común.
De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los menores de 18 años solo pueden recibir una sanción máxima de cinco años de internamiento, aunque el delito sea considerado grave, como la violación.
Esa limitante legal ha reavivado el debate sobre la proporcionalidad de las penas y la percepción de impunidad en delitos sexuales.
Desde el ámbito político, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha optado por una estrategia de impacto mediático, ha insistido en su propuesta de aplicar la castración química a violadores reincidentes.
“Si no lo vas a castrar a la primera, cástralo a la segunda. Si eres reincidente en violación, ya no te compusiste, ya no eres apto para la sociedad”, sostuvo el mandatario, quien aseguró haber enviado un addendum al Congreso del Estado para que esta medida sea considerada en la legislación local.
Gallardo anunció además que su gobierno revisará las penalidades de acoso y abuso sexual, en un intento por fortalecer la ley y “castigar con mayor severidad” estos delitos.
Sin embargo, mientras el discurso político se endurece, las cifras muestran que la violencia sexual sigue siendo una constante en la vida de las mujeres.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 70 por ciento de las mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, y el 48 por ciento ha sido víctima de agresión sexual.
El 15.5 por ciento ha enfrentado acoso, manoseo o intento de violación, una proporción cinco veces mayor que la de los hombres.
En este contexto, San Luis Potosí enfrenta un dilema ético y jurídico, ¿es suficiente endurecer las penas, o debería fortalecerse la capacidad institucional para garantizar justicia real y oportuna?.
El contraste es evidente, mientras los tribunales enfrentan procesos judiciales prolongados y complejos, desde el Ejecutivo se propone mutilar, en lugar de reformar.
La justicia lenta sigue siendo el mayor agravio para las víctimas.
Y mientras la política criminal se reduce a slogans de “mano dura”, el acceso a la justicia en casos de violación —especialmente cuando los agresores son menores— continúa atrapado entre los vacíos del sistema y la urgencia social por respuestas efectivas.
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