San Luis Potosí, SLP.- A un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, integrantes de la colectiva Interrupción Legal del Embarazo (ILE) señalaron que, pese al discurso oficial sobre la ampliación de servicios en hospitales públicos, en la práctica solo el Hospital General “Carlos Diez Gutiérrez” del ISSSTE ofrece una atención efectiva y sin obstáculos a quienes solicitan el procedimiento.
De acuerdo con el seguimiento realizado por la organización, los Servicios de Salud del Estado aseguran que existen nueve unidades médicas en condiciones de brindar el servicio, pero las verificaciones realizadas por la propia colectiva evidencian que en la mayoría de ellas no se lleva a cabo el procedimiento o bien se niega de manera sistemática.
“El ISSSTE es el único hospital donde encontramos personal capacitado, con protocolos claros y una atención respetuosa hacia las mujeres y personas gestantes”, afirmaron las activistas, quienes señalaron que en los demás hospitales persisten actitudes de rechazo, falta de información y uso indebido de la objeción de conciencia.
En municipios como Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles, destacaron, la negativa del personal médico a realizar el procedimiento se ha convertido en la principal barrera para el acceso al derecho a decidir. En el caso del hospital de Valles, diez de los diecisiete trabajadores reportaron ser objetores, lo que prácticamente imposibilita la atención.
Las integrantes de la colectiva denunciaron que, aunque en los informes oficiales se presume la existencia de servicios de ILE en toda la entidad, las cifras no corresponden con la realidad. Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 132 interrupciones, todas bajo justificación médica, sin que aparezca un solo caso por decisión voluntaria.
“Es evidente que hay una simulación. Los hospitales están obligados a garantizar el servicio, pero muchas veces el personal simplemente se niega o desinforma a las usuarias. El resultado es que, en los hechos, solo el ISSSTE cumple con lo que marca la ley”, señalaron.
La colectiva subrayó que esta situación contradice el compromiso institucional de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, y exigió al Congreso local dar seguimiento a las reformas pendientes en materia de derechos reproductivos y violencia obstétrica.
“San Luis Potosí no puede presumir avances cuando el derecho a decidir sigue dependiendo del hospital al que llegues y de la voluntad del personal médico”, concluyeron.
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