Decenas de países han comenzado a impulsar la eliminación o -al menos- la limitación del uso de armas explosivas en zonas pobladas, un ideal que se persigue con el fin de proteger a los civiles y evitar los daños severos a la infraestructura esencial como escuelas, hospitales y lugares de culto.
El tema en mención será debatido en la Segunda Conferencia Internacional sobre la Declaración EWIPA, que acogerá Costa Rica este mes de noviembre.
El viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Alejandro Solano, dijo a EFE que "el ideal" para este tipo de temas es alcanzar en el futuro un tratado, pero primero se necesita "una madurez de qué es lo que se quiere conceptualmente construir".
El primer paso es la adherencia a la Declaración Política sobre la Protección de los Civiles contra el Empleo de Armas Explosivas en Zonas Pobladas (EWIPA), la cual fue firmada por 83 países el 19 de noviembre de 2022 en Dublin (Irlanda) y busca un acuerdo político voluntario para limitar y abstenerse de usar este tipo de armas debido a su gran impacto humanitario.
"Una vez que se vaya generando masa crítica y ampliando el número de Estados que han suscrito la declaración, posiblemente vamos a dar el paso para llevar el tema a Naciones Unidas. La idea de estos procesos, como pasó con las bombas de racimo, es que vayan logrando madurez, generando sensibilidad, identificando alianzas entre Estados y determinar qué tipo de instrumento es el que se requiere", explicó Solano.
Este 19 y el 20 de noviembre Costa Rica será sede de la Segunda Conferencia Internacional sobre la Declaración de EWIPA en la que participarán representantes de unos 65 Estados, miembros de la academia y de la sociedad civil.
En la Declaración, los Estados signatarios se comprometen a evitar el uso de armas explosivas que puedan causar daño a civiles o bienes civiles, como escuelas o hospitales, e incluso sitios de patrimonio cultural, con el fin de mitigar el sufrimiento humano causado por la muerte y las lesiones de civiles, el desplazamiento forzado y la destrucción de infraestructura.
La Declaración, suscrita por 88 países, es el resultado de la colaboración entre Estados, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones de la sociedad civil.
Costa Rica, Irlanda y Noruega son sus principales representantes y uno de los grandes retos es conseguir el apoyo de las grandes potencias militares, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como de países africanos y del Caribe .
De la conferencia en Costa Rica saldrá una declaración de la sociedad civil y otra política del evento, con el fin de impulsar "una universalización" de la Declaración de EWIPA que, aunque no es vinculante, sí es "de razón ética y de principios para generar un espacio de buenas prácticas para atender los problemas de este tipo de armas", declaró el viceministro.
"Ante conflictos bélicos sabemos que algunas de las grandes potencias militares y miembros permanentes del Consejo (de Seguridad de la ONU) no son proclives a este tipo de iniciativas. Estas iniciativas generan un enorme desafío, pero estamos confiados en que en los próximos meses algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad se sumen", dijo Solano.
El funcionario comentó que en la actualidad hay identificados cerca de sesenta conflictos en el mundo como "la guerra en Ucrania, la situación en Gaza, lo que sucede en Yemen, en Myanmar, Sudán y en la República Democrática del Congo", en los que "llama la atención el impacto del uso de estas armas de destrucción masiva en zonas pobladas".
