Año con año, los organismos que deberían garantizar derechos fundamentales —como la educación, la seguridad y el acceso a servicios básicos— se mantienen entre los más señalados por la ciudadanía ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí.
El panorama más reciente confirma esta tendencia. Al corte de septiembre de 2025, el organismo ha recibido 754 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, una cifra que, a solo tres meses de cerrar el año, ya representa más del 70 por ciento de las 1,039 denuncias registradas durante todo 2024. Si el ritmo continúa, este año podría superar el total del año pasado, reflejando un incremento sostenido en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
La educación, uno de los servicios que debería ser el motor del desarrollo y la protección de la niñez, encabeza nuevamente las quejas. El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) figura en primer lugar con siete denuncias por acciones u omisiones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de casos de maltrato estudiantil, falta de atención ante el acoso escolar y obstáculos para acceder a la educación.
Le siguen la Fiscalía General del Estado (FGE), con cinco quejas, principalmente por amenazas, intimidación, retrasos injustificados en investigaciones, irregularidades en cateos y tratos crueles durante detenciones. Estos casos exponen un patrón de omisiones que obstaculiza el acceso a la justicia y alimenta la desconfianza de las víctimas hacia el sistema judicial.
Por su parte, el organismo Interapas se ubica este año en el tercer lugar de las instituciones más señaladas, con cuatro quejas relacionadas con deficiencias o suspensión del servicio de agua potable y drenaje, así como con la falta de respuesta a solicitudes ciudadanas.
Que un servicio básico como el agua forme parte de las denuncias en materia de derechos humanos revela la gravedad del rezago en la atención de necesidades esenciales. La falta de acceso continuo al agua —un derecho reconocido internacionalmente— se ha convertido en un reflejo del deterioro en la gestión pública local.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) también recibieron cuatro quejas cada una, vinculadas con violaciones a derechos laborales, maltrato estudiantil, trato indigno y falta de transparencia.
Mientras tanto, la Coordinación General de la Defensoría Pública del Estado fue señalada en tres casos por la prestación indebida del servicio público y la falta de eficacia en la defensa de las personas que acuden en busca de apoyo jurídico gratuito.
En conjunto, los datos de la CEDH revelan que las autoridades con mayor número de denuncias son las mismas que deberían proteger y garantizar los derechos humanos, -escuelas, policías, ministerios públicos y prestadores de servicios básicos.-
Entre las causas más frecuentes destacan:
Prestación indebida del servicio público: 67 casos
Acciones u omisiones que vulneran los derechos de menores: 62 casos
Detención arbitraria: 59 casos
Retraso en investigaciones penales: 52 casos
Impedir el acceso a servicios educativos: 51 casos
Falta de honradez o eficacia en la función pública: 49 casos
Amenazas o intimidación: 43 casos
Violencia y acoso escolar: 42 casos
Lesiones atribuidas a autoridades: 41 casos
Suspensión del servicio de agua potable y drenaje: 39 casos.
Estas cifras muestran que los abusos de autoridad, las omisiones institucionales y la negligencia administrativa siguen siendo las principales causas que obligan a la ciudadanía a acudir a la CEDH.
Uno de los sectores más afectados continúa siendo el de niñas, niños y adolescentes, con 62 quejas por vulneraciones directas a sus derechos, lo que pone en evidencia las carencias en los mecanismos de protección a la infancia potosina.
El otro foco rojo se encuentra en los servicios públicos, especialmente en el acceso al agua potable, donde la falta de mantenimiento, la suspensión del suministro y la deficiente atención ciudadana derivan en violaciones que van más allá de lo administrativo y alcanzan la esfera de los derechos humanos.
Las cifras de este año ratifican una realidad incómoda, las instituciones encargadas de proteger, educar y garantizar justicia son las mismas que más vulneran los derechos de la población.
A pesar de los llamados reiterados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las quejas siguen en aumento y la falta de respuestas efectivas mantiene abierto un círculo de impunidad, omisión y pérdida de confianza.
De continuar esta tendencia, 2025 cerrará con un número de denuncias cercano o incluso superior al del año pasado, confirmando que la crisis de derechos humanos en San Luis Potosí no es un hecho aislado, sino un problema estructural que exige transformaciones profundas en las instituciones públicas.
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