Opinión
En las últimas semanas, las carreteras del país —particularmente la 57— se han convertido en escenario de una protesta que va más allá de los bloqueos: refleja el grito de un sector que se siente abandonado. Los productores agrícolas y ganaderos de distintas regiones, desde el norte hasta la Huasteca potosina, enfrentan una crisis que no solo es económica, sino estructural. Los precios de garantía no alcanzan, los apoyos se reducen y las plagas devastan cosechas mientras los programas se quedan en el papel.
Datos Contundentes
De acuerdo con el INEGI, la producción agropecuaria representa alrededor del 3.5% del PIB nacional y da empleo a más de 12 millones de personas. Sin embargo, los ingresos del campo han caído más del 20% en la última década en términos reales, y el Banco Mundial advierte que México destina menos del 0.5% de su PIB al apoyo directo al sector rural, una cifra muy inferior al promedio latinoamericano. Países como Chile o Brasil, por ejemplo, han implementado políticas exitosas de reconversión productiva, innovación tecnológica y apoyo cooperativo que han permitido modernizar su campo sin abandonar a los pequeños productores.
Historia Naranjera
En San Luis Potosí, la situación es similar. La zona media atraviesa una de las peores crisis de producción de cítricos debido a la falta de combate efectivo a plagas como el “dragón amarillo”, y la carencia de incentivos para el mantenimiento de huertos ha provocado el abandono de parcelas enteras. En la Huasteca, los ganaderos enfrentan altos costos de insumos y una reducción en los apoyos de infraestructura básica.
Ajuste de Estrategia
No se trata de repartir más recursos, sino de hacerlo con inteligencia. Urge una reingeniería estructural en los programas de apoyo al campo, que elimine la duplicidad institucional y concentre esfuerzos en productividad, comercialización y tecnología. Debemos pasar de la política de dádivas a una de desarrollo integral, donde se impulse la innovación agrícola, se fomente la educación técnica rural y se creen cadenas de valor que hagan rentable el trabajo del productor.
El Dato Jurídico
Desde el punto de vista jurídico, el Artículo 27 Constitucional establece el deber del Estado de promover el desarrollo rural integral y sustentable, y el Artículo 4º garantiza el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Ambos principios se entrelazan en un mismo mandato: proteger y fortalecer al campo mexicano, no solo por justicia social, sino por seguridad nacional y estabilidad económica.
El campo no se rinde.
Los productores mexicanos (de granos, de ganado, de cítricos, de leche) siguen demostrando que su fuerza es la del país entero. Pero el tiempo de la resistencia sin resultados debe llegar a su fin. Si el Estado, la academia, la empresa y el propio sector no se articulan con una visión moderna y sustentable, la crisis rural se convertirá en una herida permanente.
Para observar en la semana
El lamentable asesinato del alcalde de Uruapan ha generado una ola de indignación nacional. El gobierno estadounidense, a través de su subsecretario de Estado, ha emitido críticas y ofrecido colaboración en materia de seguridad Urgente. Este hecho, sumado a otros recientes sucesos violentos, muestra el creciente descontento ciudadano ante la inseguridad y la urgencia de fortalecer el Estado de Derecho para recomponer el tejido social.
¡Nos vemos!
