Seis de cada 10 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tienen una exposición de moderada a alta a los riesgos físicos causados por el cambio climático, señala un informe de la calificadora Moody's Ratings.
	 
	 Alrededor de 3 por ciento de las emisoras tienen una elevada exposición, 56 por ciento moderado y 41 por ciento no significativo, añade.
	 
	 La exposición se concentra principalmente en los sectores de petróleo y gas, redes eléctricas y de gas, minería y aerolíneas, añade el reporte de la calificadora que evalúa los mercados de México, Colombia, Chile y Brasil
	 
	 En Chile, 67 por ciento de las emisoras tienen una exposición moderada a alta a los riesgos por el cambio climático, en Brasil 57 por ciento y en Colombia 50 por ciento, agrega el reporte "El aumento de los riesgos físicos del cambio climático incentiva la planificación e implementación de la adaptación".
	 
	 Los riesgos están relacionados con sequías, inundaciones, incendios forestales, huracanes, estrés térmico y aumento del nivel del mar, explica el documento.
	 
	 Alrededor de 68 por ciento de la población mexicana y 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional están expuestos a los riesgos del cambio climático, señala.
	 
	 "El País es vulnerable a los riesgos físicos del cambio climático y problemas de gestión del agua en las regiones propensas a huracanes o sequías, lo que reduce la actividad turística y agrícola, y obliga a realizar importantes gastos en preparación ante desastres, asistencia y reparación de infraestructura costera", expone.
	 
	 Expone que en octubre de 2023, el huracán "Otis" provocó alrededor de 15 mil millones de dólares en daños a la infraestructura y la propiedad en Acapulco, que contribuye con 70 por ciento del PIB de Guerrero.
	 
	 A pesar de tener una de las tasas de penetración de seguros más bajas de México, con 1 por ciento en las primas brutas emitidas, las pérdidas aseguradas de Guerrero, de 2 mil millones de dólares, convirtieron a "Otis" en el tercer evento más grande en la historia de las aseguradoras mexicanas, agrega el documento.
	 
	 "Los siniestros trimestrales por catástrofes, que históricamente representan menos de 3 por ciento de los siniestros de seguros generales, aumentaron a 20 por ciento después del huracán.
	 
	 "Los siniestros de responsabilidad civil, las interrupciones comerciales y las evaluaciones retrasadas de los daños agravaron las pérdidas originales", señala.
	 
	 Explica que la baja retención promedio de pérdidas en las primas de seguros contra catástrofes, que es de 18 por ciento, más el hecho de que estas pólizas representan 4 por ciento del total de las carteras de seguros y las sólidas reservas de capital, ayudaron a proteger a las aseguradoras contra los déficits de reservas.
	 
	 "La creciente gravedad y frecuencia de los riesgos físicos del cambio climático demuestran la complejidad de la modelización de riesgos para las compañías de seguros generales.
	 
	 "A principios de 2025, los proveedores de seguros contra catástrofes renegociaron las primas y endurecieron las condiciones de cobertura en medio de una contracción de la capacidad de reaseguro", expuso.
	 
	 El aumento de la percepción de riesgo provocó un ajuste generalizado de precios y los daños a la infraestructura turística causados por "Otis" fueron importantes.
	 
	 Alrededor de 80 por ciento de los hoteles de Acapulco reportaron daños, el aeropuerto de la ciudad cerró temporalmente, las carreteras se interrumpieron y alrededor de 500 mil hogares se quedaron sin electricidad.
	 
	 Sin embargo, a pesar de los daños a la infraestructura, la escala y la cobertura del seguro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) limitaron el impacto financiero provocado por el huracán.
	 
	 El Fondo Verde para el Clima, que está respaldado por el Banco Mundial, apoya la preparación de México a través de una propuesta que crearía un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje, así como el desarrollo de una cartera de inversiones y el diseño de mecanismos financieros.
	 
	 El plan utilizaría los marcos existentes y promovería la consulta multisectorial, priorizaría el seguimiento financiero y la consolidación de datos, y movilizaría fondos de bancos de desarrollo y fuentes multilaterales.
	 
	 Los obstáculos serían la débil coordinación y la participación limitada del sector privado, agrega.