La reforma también ordenó la extinción de fideicomisos del Poder Judicial para financiar la elección de Jueces, Magistrados y Ministros
Decenas de jueces y magistrados en retiro exigieron al Órgano de Administración Judicial (OAF) -antes Consejo de la Judicatura Federal- el pago de la indemnización correspondiente tras dejar sus cargos con la entrada en vigor de la reforma judicial.
Frente a la sede del OAF, ubicado en Avenida Revolución, los juzgadores demandaron el pago de tres meses de salario, 20 días por año trabajado y otras prestaciones que les corresponde a juzgadores que declinaron participar en la elección y renunciaron a sus puestos a finales de agosto pasado, tal y como se estableció en la norma aprobada en septiembre de 2024.
La reforma también ordenó la extinción de fideicomisos del Poder Judicial para financiar la elección de Jueces, Magistrados y Ministros. En mayo pasado, Nafin, en su calidad de fiduciaria, transfirió a la Tesorería al menos 10 mil 247 millones de pesos de cuatros fondos del entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no previstos en ley y que estaban contemplados para pensiones e indemnizaciones de juzgadores.
Ayer, representantes del Órgano de Administración Judicial que salieron a dialogar con una comitiva de inconformes informaron que se solicitó a la Secretaría de Hacienda una bolsa de 6 mil 500 millones de pesos para cubrir las liquidaciones pendientes.
"El Órgano de Administración Judicial formuló la petición de ampliación líquida para el pago de las indemnizaciones a los jueces cesados o que declinaron por todo este concepto del décimo transitorio, por la cantidad de 6,500 millones de pesos", dijo Froylán Muñoz, cesado por la reforma judicial, a decenas de manifestantes.
Durante la reunión, expuso, el Órgano comunicó que ya se hizo la solicitud formalmente y que "si no se hace este trámite (el pago), es porque la Secretaría no autoriza".
Sin embargo, los inconformes amagaron con escalar su manifestación en caso de que no vean reflejado el pago antes de que termine el año.
"El Órgano de Administración nos dijo que no va a pasar de este año, que esperan que en noviembre nos paguen, pero ya también es una cuestión de trámites", apuntó Marlene Ángeles Tovar, jueza de amparo cesada por la reforma judicial.
Elba Sánchez Pozos, magistrada de circuito en retiro, aseguró que los afectados permanecerán vigilantes de los depósitos. En caso de que estos no se efectúen, dijo, escalarán sus manifestaciones.
"Vamos a continuar activos, no vamos a pecar de ingenuos. Conocemos que el Gobierno maneja abiertas dilaciones. Muchos de nosotros sabemos con claridad cómo es; siempre te dicen que sí y nunca llega el momento. No vamos a dar un paso atrás", declaró.
Amagan con megaprotesta
El sindicato minoritario del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció que el próximo viernes 31 de octubre cerrará todas las sedes jurisdiccionales y administrativas del País, en protesta por carencia de insumos, incumplimiento salariales y despidos "masivos" ordenados por los juzgadores de elección popular.
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que presumiblemente tiene menos de 2 mil de los 34 mil agremiados en el PJF, informó que sólo permitirá laborar al personal de guardia para casos urgentes.
"Esta medida se adopta en defensa de las condiciones laborales dignas, en salvaguarda del adecuado funcionamiento institucional y como último recurso ante la omisión reiterada de la autoridad administrativa para garantizar los recursos mínimos indispensables para la impartición de justicia", dijo en un comunicado Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del sindicato.
El PJF tiene alrededor de 50 mil servidores públicos, de los cuales alrededor de 34 mil están sindicalizados. Según informes judiciales, de estos últimos, 32 mil 300 son afiliados del Sindicato de Trabajadores del PJF, que comanda Jesús González Pimentel, y una parte de los restantes estarían agremiados a la organización que dirige Prado Gómez.
