El sindicato minoritario del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció que el próximo viernes 31 de octubre cerrará todas las sedes jurisdiccionales y administrativas del País, en protesta por carencia de insumos, incumplimiento salariales y despidos "masivos" ordenados por los juzgadores de elección popular.
El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que presumiblemente tiene menos de 2 mil de los 34 mil agremiados en el PJF, informó que sólo permitirá laborar al personal de guardia para casos urgentes.
"Esta medida se adopta en defensa de las condiciones laborales dignas, en salvaguarda del adecuado funcionamiento institucional y como último recurso ante la omisión reiterada de la autoridad administrativa para garantizar los recursos mínimos indispensables para la impartición de justicia", dijo en un comunicado Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del sindicato.
"El cierre temporal será efectivo en todas las sedes judiciales y administrativas bajo jurisdicción federal, permaneciendo en funcionamiento únicamente los servicios de guardia para casos estrictamente urgentes, conforme a los principios de protección a derechos fundamentales".
De acuerdo con el dirigente, el paro se llevará a cabo porque el Órgano de Administración Judicial (OAJ) incumplió con el incremento salarial anual y el pago del aumento retroactivo correspondiente al mismo, a cuya entrega se había comprometido.
La protesta, dijo, también es un reclamo por la sustitución de las plazas de los puestos desocupados por los funcionarios electos por voto popular y para exigir el cese al despido masivo a servidores públicos.
Otros motivos son la grave carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales, tales como impresoras, papelería, suministro de agua y servicio de comedores.
"El Sindicato reitera su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones institucionales, pero subraya que no es posible sostener la operación judicial sin condiciones materiales ni el reconocimiento justo al esfuerzo de las y los trabajadores que sostienen la impartición de justicia federal en el país", agregó.
"Sin otro particular, se hace un llamado a la comprensión ciudadana y al urgente cumplimiento de las obligaciones administrativas y salariales por parte del OAJ para evitar la prolongación de las acciones adoptadas".
El PJF tiene alrededor de 50 mil servidores públicos, de los cuales alrededor de 34 mil están sindicalizados. Según informes judiciales, de estos últimos, 32 mil 300 son afiliados del Sindicato de Trabajadores del PJF, que comanda Jesús González Pimentel, y una parte de los restantes estarían agremiados a la organización que dirige Prado Gómez.
En junio del año pasado el sindicato que encabeza Prado fue el primero en anunciar un paro de labores por la reforma judicial y comenzó con el cierre de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales. Dos meses más tarde, suspendió labores el PJF en todo el país.
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