San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí, cada vez más pacientes del sistema público de salud han tenido que acudir a los tribunales para exigir la atención médica que por ley les corresponde.
Amparos, denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y quejas administrativas se han convertido en el nuevo pulso de un sistema que colapsa entre la burocracia, la falta de especialistas y la negligencia institucional.
Durante 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acumuló 85 quejas administrativas por atención médica en la entidad, un aumento de casi 40 por ciento respecto al promedio anual de los últimos tres años.
Paralelamente, el ISSSTE sumó nueve expedientes ante la CNDH, y aunque la cifra parece menor, representa el doble de los casos registrados en 2022.
El deterioro es constante, en 2019, el IMSS recibió poco más de 60 quejas administrativas por presunta negligencia médica en San Luis Potosí. Cinco años después, la cifra supera las ochenta sólo en el ámbito interno, mientras que las denuncias por violaciones a derechos humanos aumentaron más de 50 por ciento a nivel nacional, con más de 3,300 quejas en el primer semestre de 2023.
Ante la ineficiencia institucional, los amparos se han convertido en un salvavidas jurídico para los pacientes. En San Luis Potosí, los juzgados federales reportan un crecimiento sostenido de este tipo de recursos, especialmente por incumplimiento de tratamientos, falta de medicamentos y negativa de hospitalización.
“Ni siquiera con un amparo en mano te atienden”, lamenta una paciente que obtuvo una resolución judicial para recibir atención urgente del IMSS. Su caso no es aislado, decenas de derechohabientes han tenido que recurrir a jueces federales para forzar al instituto a cumplir con su obligación más básica —curar y salvar vidas—.
Los expedientes judiciales consultados muestran un patrón de desacato reiterado a las órdenes emitidas por jueces. En algunos casos, el IMSS ha incumplido resoluciones que ordenan cirugías, tratamientos oncológicos o traslados urgentes, mientras los pacientes enfrentan la espera entre la vida y la muerte.
La CNDH contabiliza 87 expedientes abiertos contra el IMSS en San Luis Potosí durante el último año, por omisión de atención médica, falta de medicamentos, negligencia y trato indigno. A nivel nacional, el IMSS se mantiene como la dependencia federal más denunciada, con más de 24 mil quejas acumuladas entre 2014 y 2022.
El ISSSTE, aunque con menor cobertura poblacional, refleja una tendencia similar. Los casos documentados en San Luis Potosí incluyen omisiones de suministro de medicamentos, dilatación de procedimientos y discriminación laboral.
El incremento de las quejas y amparos judiciales no sólo refleja un colapso administrativo, sino también una fractura moral del sistema de salud pública. Miles de potosinos han tenido que judicializar su derecho a ser atendidos, convirtiendo el acceso a la salud en una batalla legal y emocional.
Los datos oficiales son fríos, pero detrás de cada número hay un rostro que sufre la indiferencia institucional. Mientras el IMSS y el ISSSTE acumulan expedientes, los tribunales se llenan de amparos que ya no sólo piden una consulta, sino que exigen lo que la Constitución promete, vivir con dignidad.
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