San Luis Potosí, SLP.- En plena tormenta institucional, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, intenta mantener el control de una casa de estudios que enfrenta su momento más crítico en décadas: acoso, paros, exigencias de justicia, observaciones millonarias por opacidad y un adeudo estatal que compromete su estabilidad financiera.
Frente a este escenario, el rector ha optado por bajar el tono y confiar en la normatividad universitaria, sin anunciar medidas de fondo que apunten a resolver los problemas estructurales que han llevado a la UASLP a este punto de desgaste.
“Nada impide que una mujer dirija Derecho”, dice el rector
La renuncia del director de la Facultad de Derecho, tras el caso de agresión sexual contra una alumna, abrió un debate interno sobre la necesidad de transformar las dinámicas de poder dentro de la universidad.
Sin embargo, Zermeño respondió con cautela, afirmando que “no existe ningún impedimento para que una mujer encabece la dirección”, aunque aclaró que su nombramiento deberá ceñirse al estatuto universitario.
“No hay ninguna limitante de género —dijo—. No tengo inconveniente en que sea una mujer quien asuma el cargo, pero no puedo saltarme la norma.”
El tono técnico de su respuesta, en un contexto de crisis moral y política, dejó entrever la distancia entre el discurso institucional y las demandas urgentes del estudiantado, que exige justicia, transparencia y entornos seguros, no solo cumplimiento burocrático.
Investigaciones lentas y sanciones tardías
A pregunta expresa sobre los casos de acoso y hostigamiento, el rector reconoció una de las críticas más persistentes de las últimas semanas, la lentitud con que la Defensoría de Derechos Universitarios atiende las denuncias.
Zermeño admitió que hay entre 35 y 40 expedientes en análisis, y que aunque recientemente fue destituido un profesor de Economía por acoso comprobado, los procesos siguen siendo lentos.
“Sí, los procedimientos son lentos, pero se siguen trabajando. Hay que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia”, afirmó.
Sus declaraciones se producen mientras la comunidad universitaria acusa omisiones, falta de acompañamiento y una política institucional más preocupada por cuidar las formas que por garantizar justicia a las víctimas.
Deuda financiera y falta de transparencia
A la par de las crisis internas, la UASLP enfrenta observaciones por más de mil 800 millones de pesos de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la auditoría del Instituto de Fiscalización Superior del Estado.
Pese a ello, el rector evitó entrar en detalle sobre el tema y centró su preocupación en otro frente, un adeudo que mantiene el Gobierno del Estado con la Universidad.
“No nos han pagado aún —explicó—. Espero que se liquide en los próximos días; es la diferencia entre lo firmado con la Federación y lo que se nos ha entregado.”
Las declaraciones contrastan con una comunidad académica que demanda rendición de cuentas y transparencia, justo cuando la institución se encuentra bajo el escrutinio público más intenso de los últimos años.
Una universidad en su punto de quiebre
El liderazgo de Zermeño Guerra enfrenta su mayor desafío, reconstruir la confianza de una comunidad universitaria que se siente agraviada, invisibilizada y traicionada.
Mientras el rector insiste en que los procesos “siguen su curso”, la realidad dentro de las facultades es otra, paros, exigencias de justicia, denuncias de acoso y un malestar generalizado por la falta de resultados tangibles.
En medio de la presión por rendir cuentas ante las auditorías, resolver las denuncias de violencia de género y enfrentar la falta de recursos, la UASLP parece atrapada entre su pasado autorreferencial y la urgencia de transformarse.
Zermeño intenta transmitir calma. Pero, en los hechos, cada declaración parece revelar que la Universidad vive no una crisis aislada, sino una crisis sistémica, de autoridad, de confianza y de sentido.
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