San Luis Potosí, SLP.- Con el propósito de establecer la prohibición de las cirugías estéticas realizadas a menores de 18 años, la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas propuso iniciativa para adicionar la Ley de Salud y el Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa establece en la Ley de Salud del Estado, que tratándose de personas menores de dieciocho años, solo serán permitidos los procedimientos quirúrgicos de naturaleza reconstructiva o reparadora por razones de salud, malformaciones, accidentes, quemaduras o cualquier otra patología debidamente acreditada con un dictamen médico y/o psicológico expedido por los profesionales de salud.
De igual manera, se establece en el Código Penal del Estado, en el apartado de Delitos contra la Fidelidad Profesional, como parte de las agravantes, que el profesionista médico realice procedimientos de cirugía estética en personas menores de dieciocho años, cuando no sean de carácter reconstructivo o reparador debidamente justificado.
Estas conductas se sancionan con una pena de inhabilitación de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o privación en caso de reincidencia.
También establece la prohibición de toda promoción publicitaria dirigida a menores de edad de procedimientos quirúrgicos estéticos, así como el uso de modelos menores de edad en campañas de promoción de consultorios y clínicas de cirugía estética.
La legisladora indica que esta iniciativa surge como una respuesta legislativa necesaria y urgente ante un lamentable suceso que ha conmocionado la conciencia nacional: el fallecimiento de Paloma Nicole, una adolescente de apenas catorce años de edad, durante la realización de una cirugía estética de aumento mamario, por lo que se trata de una medida de política pública preventiva, basada en evidencia médica, psicológica y jurídica, que busca blindar los derechos de niñas, niños y adolescentes potosinos.
Con ello, se responde a un imperativo ético y a un mandato constitucional, cerrando las puertas a una práctica que comercializa con los cuerpos en desarrollo y normaliza la puesta en riesgo de vidas que están bajo la custodia moral y legal de la sociedad en su conjunto.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones Primera de Justicia; y Salud y Asistencia Social.
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