La bancada de Morena en el Senado expresó ante funcionarios de Hacienda y Crédito Público preocupación por el desempleo que pueda provocar el impuesto a los refrescos que ya aprobó la Cámara de Diputados.
El Senado se prepara para el desahogo de las cuatro leyes que forman parte del paquete de ingresos. Mañana martes se dictaminarán en comisiones y el miércoles pasarían al pleno.
Omisos, y con la anuencia del presidente de la Comisión de Hacienda, el senador morenista Miguel Ángel Yunes Márquez, no dieron respuesta a la pregunta que formuló la priista Claudia Anaya, quien alertó por el elevado nivel de endeudamiento público proyectado para 2026.
Con miras a la aprobación del paquete, se reunieron con los senadores la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez; el subsecretario de Ingresos, Gabriel Lerma; y el Administrador General Jurídico del SAT, Ricardo Carrasco.
La senadora morenista Nora Ruvalcaba intervino para advertir ante los funcionarios que, con la aplicación de más tasas impositivas, es necesario "anticipar y mitigar cualquier riesgo que pueda desvirtuar sus nobles objetivos".
"La industria de bebidas azucaradas -recordó-- ha estimado que la ampliación del impuesto podría llevar a la pérdida de hasta 150 mil puestos de trabajo directos o indirectos en los próximos cinco años, argumentando un riesgo para el empleo y la inversión".
Ruvalcaba pidió a los funcionarios que aportaran un análisis relacionado con el empleo, amén de que preguntó por las "estrategias de acompañamiento" que podría emplear el Gobierno para proteger a los trabajadores del sector.
La legisladora también preguntó si los impuestos a los refrescos y al tabaco serán "inflacionarios y regresivos, toda vez que son los más pobres quienes consumen dichos productos".
El subsecretario Gabriel Lerma explicó a la senadora Ruvalcaba que en Hacienda no ven "una pérdida de empleo relevante ni en las plantas productoras ni en las tienditas, mucho menos en las tienditas. Ellos ofrecen productos sustitutos. Las tienditas tienen diferentes alternativas para generar el mismo ingreso".
En relación con los cuestionamientos derivados de la implementación de la denominada "Ley Espía" en el marco jurídico fiscal, el Administrador General Jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona, aclaró que no se pretende vigilar a los usuarios de las plataformas.
"Eso nunca va a pasar. Lo que sí establece la reforma es que las plataformas deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso a la información, que permita conocer el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales".
Según explicó, la intención es "hacer más eficiente la recaudación. Desde hace un par de años las plataformas están obligadas a pagar el SAT lo que recaudan de todos los usuarios. Las plataformas hacen una retención y esa retención tiene como fuente única, lo que los usuarios finales pagan por los servicios que reciben, o por los bienes que adquieren.
"Muchas de esas plataformas están ubicadas en el extranjero y, por lo tanto, las labores de fiscalización no pueden ser las mismas. No puede ser como una empresa que esté en México, que se puede hacer una visita domiciliaria y una revisión de gabinete.
"Están en el extranjero -abundó--, y por lo tanto, el único propósito que tiene esta reforma es garantizar que el monto que, desde hace un par de años estas empresas enteran al SAT y reportan, coincida con la realidad de lo que cobraron a los usuarios, que no exista ninguna especie de doble contabilidad, que no exista ningún hueco.
El funcionario dijo que así se podría tener "una garantía absoluta de que lo que se cobró a cada uno de sus usuarios termine en las arcas federales. No es otra la intención, ni es otra la regulación porque la Ley del IVA no da para más. La Ley del IVA simplemente permite que se cobre el impuesto derivado de la prestación de estos servicios".
