San Luis Potosí, SLP.- Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sea auditada por tres ejercicios fiscales ante irregularidades por más de mil 800 millones de pesos, la institución atraviesa una de sus peores crisis internas, diez facultades continúan en paro y tomadas por sus alumnos, en medio de exigencias de justicia, seguridad y cambios estructurales.
La tormenta en la máxima casa de estudios potosina estalló tras la violación sexual de una alumna de la Facultad de Derecho, presuntamente cometida por tres estudiantes de la misma institución. El hecho, ocurrido dentro de las instalaciones de derecho generó una ola de indignación que detonó protestas, tomas de edificios, cierres viales y enfrentamientos entre grupos de jóvenes —algunos identificados como infiltrados— que convirtieron el campus central en un campo de tensión y desgaste.
El rector Alejandro Zermeño Guerra no ha logrado resolver el conflicto pese a una semana de negociaciones. La destitución de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, y la renuncia del director de Derecho, Germán Pedroza Gaitán, no fueron suficientes para calmar el descontento.
Este lunes 27 de octubre, la UASLP convocó a sesión del Consejo Directivo Universitario para emitir la convocatoria que permita elegir a la nueva persona titular de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”. Por ahora, Jesús Javier Delgado Sam funge como director suplente, aunque estudiantes de Derecho mantienen la toma del plantel al no reconocer la designación y exigir un proceso de elección transparente y consensuado.
“Queremos participar en la elección de quien dirija nuestra facultad. No aceptaremos imposiciones”, expresaron alumnos en una de las asambleas realizadas frente al edificio central.
Hasta este lunes 27 de octubre, diez facultades permanecen en suspensión total de actividades. Las principales exigencias del movimiento son:
Justicia para la víctima de la violación en Derecho.
Garantías de seguridad dentro de los campus.
Protocolos efectivos contra la violencia de género.
Cese de funcionarios que encubrieron o minimizaron los hechos.
Participación estudiantil en decisiones clave de la UASLP.
Las unidades académicas que continúan en paro son:
Facultad de Derecho y Criminología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Ciencias de la Comunicación
Ciencias de la Información
Ciencias Químicas
Psicología
Ciencias Sociales y Humanidades
Facultad del Hábitat
Estomatología
Facultad de Agronomía
En tanto, tres facultades ya retomaron clases tras llegar a acuerdos parciales con las autoridades universitarias:
Medicina
Contaduría y Administración
Economía
También reanudaron actividades las unidades regionales de la Zona Media y el Altiplano, mientras que la Zona Huasteca no reportó suspensión, aunque sí manifestó solidaridad con el movimiento.
La Fiscalía General del Estado informó la detención de uno de los tres jóvenes acusados, identificado como Santiago N., quien este lunes enfrenta su audiencia inicial. Los otros dos implicados permanecen prófugos, y las autoridades confirmaron que las investigaciones continúan y podrían concretarse más detenciones en los próximos días.
A la par del conflicto estudiantil, la SCJN resolvió que la UASLP deberá someterse a auditorías del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) por los ejercicios 2022, 2023 y 2024, debido a observaciones millonarias por más de mil 800 millones de pesos.
La decisión deja sin efecto los recursos legales promovidos por la universidad para evitar la revisión de sus cuentas, lo que exhibe una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos.
Entre auditorías, acusaciones de opacidad, paros y violencia de género, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrenta una crisis que trasciende las aulas, una crisis moral y de confianza.
Mientras el rector Zermeño busca calmar los ánimos con mesas de diálogo, las y los estudiantes demandan algo más profundo, una universidad segura, transparente y verdaderamente democrática.
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