Observaciones a UASLP, por 1,800 mdp

Se auditarán 3 ejercicios fiscales

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desechar el último recurso que interpuso la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), para evitar ser auditada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) tendrá consecuencias, pues ahora el IFSE seguirá adelante con los procedimientos de fiscalización pendientes de la Universidad, se trata tres ejercicios fiscales, 2022, 2023 y 2024, todos por un monto de 600 millones de pesos, por lo que en total el monto observado a la Universidad será de 1,800 millones de pesos, informó Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE.

En entrevista exclusiva con PLANO INFORMATIVO, Lecourtois López indicó que desde el ejercicio fiscal 2022, la UASLP no ha querido auditarse; aclaró que en ese año él no era titular del instituto, por ello descartó algún tema personal, pues en ese año el alegato de las autoridades universitarias era que quien ocupaba la titularidad del IFSE era en calidad de encargado de despacho, y entonces fue la misma negativa, diferentes argumentos.

Agregó que “Llego yo, la misma negativa y otros argumentos que también alegan, pero el resultado ante los tribunales ha sido siempre el mismo. Desechado por improcedente, desechado porque no tienen capacidad jurídica para elaborar esos medios de defensa”.

Dijo que “Entonces, no sé si a lo mejor las personas que van a ser sancionadas sepan, o los alcances y consecuencias de sus decisiones, o de hacerle caso a quien les mal asesora, o mal informa sobre esta fiscalización”.

Fiscalización sigue en curso

Lecourtois López indicó que se estarán fiscalizando estos tres ejercicios para una sanción completa por 1,800 millones de pesos; el proceso ya ha comenzado con el ejercicio 2022, en el cual el trabajo ya está muy avanzado, se está en una etapa de solventación, y aunque consideró que la UASLP no va a responder, hay que agotar los procedimientos, “pero el 2022 está casi agotado e integrado el expediente, digamos que 2022 sería lo primero que saldría, y serían los 600 millones de pesos de esa cuenta”.

Explicó que "Se ha continuado con la fiscalización, a final de cuentas, la resistencia del funcionario que se niega a entregar información, no detiene el procedimiento, donde se observó toda la cuenta pública, es decir, los más de 600 millones de pesos que reciben y que nos reportaron en su cuenta pública".

Sanciones a personas, no a la UASLP

Rodrigo Lecourtois indicó que el IFSE no va a afectar ni a observar a la UASLP, por lo que es una gran mentira que han querido decir, pues la Universidad es una institución indivisible que no se va a ver afectada por estas sanciones; pero aquellos funcionarios irresponsables que no se sometieron a la fiscalización, son sobre los que van a recaer.

Dijo que "Una vez que nosotros integremos los expedientes, vamos a particularizar las sanciones, y vamos a decirle a cada uno de los funcionarios qué le toca a cada quién, de ese monto, en el grado de su responsabilidad".

Detalló que se va a mandar el expediente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para que determine la sanción, que seguramente será grave por esta omisión de rendir cuentas, y el funcionario irresponsable va a tener que hacer frente con su dinero, con sus recursos, no con el recurso de la Universidad, porque la Universidad no puede estar pagando la irresponsabilidad de un funcionario.

Decisión de la SCJN determinante

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el último recurso legal promovido por la UASLP para ser reconocida como un órgano constitucional autónomo, y estableció que es un órgano descentralizado del estado, por lo tanto, debe ser auditada por la autoridad correspondiente.

Lecourtois López señaló que la UASLP ya había presentado dos amparos, que fueron desechados, uno por notoriamente improcedente, y otro por no agotar el principio de definitividad; intentó de igual forma dos juicios de nulidad, de los cuales se desprendieron diversos amparos, que también fueron desechados, uno por notoriamente improcedente y otro porque lo hizo fuera de término.

No fue un simple desechamiento

En el caso de la sentencia de la SCJN, si bien es cierto, pudiera ser en apariencia un simple desechamiento, porque la UASLP intenta una controversia constitucional y se la desechan por notoriamente improcedente, y luego acuden a un recurso administrativo para reclamar esta decisión, lo que no contaban es que en esta decisión iba a haber un análisis profundo de la situación jurídica de la Universidad.

"Es ahí donde la ministra Yasmín Esquivel Mossa empieza diciendo en el proyecto que, de un análisis completo de la legislación del Estado, se aprecia que la Universidad Autónoma sí tiene autonomía en cuanto a la formación, al tema académico, al tema del régimen interno. Sin embargo, no así en la disposición de recursos públicos, y lo que es más importante de esta sentencia, más allá de que se trata de un desechamiento simple, y que no entra al fondo del asunto porque ni siquiera fue admitida, es que si hay una declaratoria que es fatal para las autoridades universitarias, que dice que la UASLP es un organismo descentralizado del estado de San Luis Potosí, es decir, un organismo público, un organismo que no le pertenece a las autoridades, le pertenece a los potosinos, y por ende, sus recursos propios, los recursos que recibe del Estado y de la Federación, son materia de rendición de cuentas, es decir, una autoridad universitaria tiene que decir en qué se está gastando el dinero de las aportaciones".

IFSE dispuesta al diálogo

Lecourtois López aclaró que de parte del IFSE, siempre se va a privilegiar el acuerdo; recordó que en su momento platicó con el rector Alejandro Zermeño Guerra, sobre que era una buena decisión el someterse a esta fiscalización, que todas las universidades públicas se están sometiendo, "creo yo, que lo han utilizando de conejillo de indias. En una reunión que tuve con todos los auditores superiores de las entidades, me comentaban lo mismo, que todos les han manifestado la intención de que no se deben de auditar, sin embargo, todos se están sometiendo a la fiscalización. ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho, porque nadie puede tener la verdad absoluta y quien lleva el riesgo de este juicio son las autoridades universitarias".

Necedad que puede salir cara

Para el auditor superior, está necedad de la UASLP por no auditarse puede que salga muy cara; primero que nada habría una sanción económica para los titulares; y en segundo lugar una posible inhabilitación, pero la sanción dependerá de los resultados; aún así reiteró que las puertas del IFSE están abiertas, "las manifestaciones que se hacen por parte del instituto y mía en lo personal, se hacen con las sentencias en las manos, no se hacen de forma aventurada ni amenazadora, sino con las resoluciones, pero estamos abiertos a buscar una salida jurídica".