Tolerancia cero en discurso, pero cultura de abuso persiste en las aulas

San Luis Potosí, SLP.- A pesar de los discursos institucionales sobre tolerancia cero, los casos de acoso, hostigamiento y abuso en el sistema educativo potosino siguen aflorando. Las cifras más recientes revelan que el problema no solo es recurrente, sino estructural: los mecanismos de denuncia y sanción avanzan más lento que las conductas que buscan erradicar.

 

Desde marzo de 2023, el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) ha separado de funciones a 16 docentes acusados de hostigamiento o abuso sexual hacia estudiantes en distintos municipios, entre ellos San Luis Potosí, Soledad, Cedral, Ébano, Tanlajás y Villa de Arriaga.

 

En términos proporcionales, considerando que el Cobach cuenta con cerca de 1,500 docentes, los ceses representan poco más del 1 por ciento del personal académico, una cifra que podría parecer mínima, pero que en realidad exhibe un patrón de riesgo sostenido dentro de los planteles.

 

El director general del sistema, Ricardo Daniel Centeno Trejo, asegura que todos los casos se han resuelto en favor del Colegio, y que la prioridad es garantizar la seguridad y confianza del alumnado, sin embargo, el hecho de que algunos expedientes sigan en proceso en la Fiscalía evidencia que la ruta judicial y administrativa no siempre convergen con la celeridad que exige un entorno educativo libre de violencia.

 

El panorama se amplía —y agrava— cuando se observan los datos a nivel estatal. De acuerdo con el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, 11 docentes han sido cesados en todo el sistema educativo potosino por abuso de autoridad, discriminación o abuso sexual, mientras que 33 casos adicionales permanecen bajo investigación desde que se lanzó el pronunciamiento de tolerancia cero en marzo de 2022.

 

Si se toma en cuenta que el estado cuenta con aproximadamente 60 mil docentes, los casos confirmados y en proceso equivalen apenas al 0.07 % del total. En números fríos, la incidencia parece baja; pero el análisis de fondo revela otra cosa, cada expediente representa una historia de vulneración dentro del espacio que debería ser el más seguro para niños y jóvenes.

 

Más allá de las cifras, el problema radica en la normalización de jerarquías autoritarias dentro de los espacios educativos. En muchos casos, los agresores no solo ejercen violencia sexual, sino también simbólica, manipulan calificaciones, condicionan apoyos o utilizan el prestigio académico como escudo.

 

Esta estructura vertical inhibe la denuncia y perpetúa el miedo, especialmente en comunidades pequeñas o planteles rurales, donde los docentes gozan de influencia social.

 

Aunque el Cobach y la Secretaría de Educación insisten en que hay acompañamiento y canales de denuncia, el rezago en las investigaciones y la falta de sanciones públicas generan un mensaje ambiguo, la protección institucional avanza, pero el sistema sigue girando alrededor del poder del maestro, no de los derechos del estudiante.