La presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, acusó que, para llevar al fracaso o inviabilidad la elección del Poder Judicial, los magistrados de la Sala Superior recibieron presiones para interpretar en otro sentido la Constitución.
Entre esos actores, afirmó, estaban ministros de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Frente a los nuevos ministros, integrantes del Tribunal de Disciplina, del Órgano de Administración del Poder Judicial, magistraturas regionales y locales, consejeros electorales y sus compañeros de la Sala, Soto emitió su segundo y último informe de labores.
Les aseguró que forman parte de "Poder del Estado renovado", que deberá consolidarse como el garante de las libertades y la democracia.
Su último año de gestión, arengó, el Tribunal llevo a buen fin la elección de la primera mujer Presidenta y la renovación de 881 juzgadores. No hubo críticas sobre dichos comicios, sólo halagos.
Argumentó que la reforma judicial, pese a su "gran calado", tuvo aliados y detractores, voces que sostenían su esencia y urgencia, y otras, criticó, que se pronunciaron en contra, incluso tomando las calles.
Lamentó que no sólo se descalificara a los candidatos, también a quienes organizaron y avalaron la elección, incluso a los ciudadanos que votaron.
"Dimos viabilidad a la elección federal de personas juzgadoras. Sin titubeos, acatamos y dimos cauce al texto constitucional.
"La presión llegó a tal extremo, que se recibieron solicitudes expresas para que cambiáramos el sentido de nuestra interpretación constitucional sostenida a lo largo de los últimos 15 años. Nos quisieron imponer el cambio de reglas posteriores a la elección", acusó.
Sin embargo, presumió, la fortaleza institucional de la Sala Superior combatió "los embates".
"El camino para lograrlo no estuvo exento de ataques, incluso ataques dentro del mismo Poder Judicial en el anterior Pleno de esta Suprema Corte.
"Se dijo, sin fundamento, que el actuar de la Sala Superior vulneraba el Estado de Derecho, reduciendo nuestras sentencias a meras opiniones, por lo que defendimos como nunca nuestra independencia y autonomía, reiterando contundentemente que somos la última instancia en materia electoral en nuestro País", apuntó.
En respuesta a las críticas que recibió el Tribunal por no pronunciarse ante las irregularidades que se presentaron en la elección federal de 2024, la sobrerrepresentación de la 4T en la Cámara de Diputados y los acordeones en la elección judicial, justificó que los magistrados cumplieron con "misión constitucional en ambos procesos".
"Gracias a la labor de las autoridades electorales y a la función sustantiva de la impartición de justicia en nuestro País, el proceso referido no se suspendió, la paz social no se vulneró, el Estado de Derecho permaneció intacto.
"La primera mujer Presidenta del país gobierna desde el Palacio Nacional y las personas juzgadoras en este preciso momento están en sus espacios de trabajo, cumpliendo con su responsabilidad", dijo.
De dichas elecciones, indicó, surgieron criterios de la Sala Superior para fortalecer la igualdad sustantiva, la equidad en la contienda y los derechos de grupos discriminados.
Sin decirlo directamente, también dio respuesta a la división que prevaleció durante su gestión en la Sala Superior, por los dos bloques que se formaron, uno conformado por ella y sus homólogos Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y el otro por Reyes Rodríguez y Janine Otálora.
"Sé, y lo digo con certeza, que los puntos de coincidencia son más fuertes que cualquier divergencia", abundó.
También presumió un "ejercicio republicano" de los recursos públicos del Tribunal, logrando un ahorro institucional de 20 millones de pesos, en lo que va del año, los cuales se regresaron a la Tesorería, y pidieron, para el 2026, un presupuesto "responsable".
"Estoy segura que mi compañero, el magistrado Gilberto Bátiz, y su equipo sabrán continuar este mismo camino, y dará una adecuada conducción al Tribunal Electoral. (Éste) está de pie y más fuerte que nunca", agregó.
