El enfrentamiento entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) escaló nuevamente, luego de que este último advirtiera posibles sanciones contra el rector Alejandro Zermeño Guerra y otros funcionarios universitarios por negarse a transparentar los llamados “recursos autogenerados”, un monto que asciende a 600 millones de pesos.
Sin embargo, desde la Universidad se acusa al órgano fiscalizador de tergiversar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de pretender vulnerar la autonomía universitaria con interpretaciones “falsas” y procedimientos “fuera de competencia”.
La abogada general de la UASLP, Urenda Queletzu Navarro Sánchez, desmintió que la sentencia de la SCJN haya abierto la puerta a la fiscalización externa de los ingresos propios de la institución.
La funcionaria explicó, que el fallo únicamente determinó que la vía de la controversia constitucional no era procedente, ya que la Universidad no es un organismo constitucional autónomo, sino un ente con autonomía otorgada por la Constitución local.
“La sentencia no entra al fondo del asunto. Lo único que dice es que no es la vía para dirimir este tipo de conflictos. Es falso que la Corte haya dado pase abierto a la fiscalización de los ingresos propios”, señaló la abogada.
Navarro añadió que la UASLP ha continuado con sus litigios intraprocesales, defendiendo jurídicamente sus actos dentro del procedimiento de revisión, pero sin negarse a entregar información, como lo acusa el IFSE.
“Decir que no nos dejamos auditar es mentira. Hemos entregado información, pero también hemos impugnado los actos internos del proceso de fiscalización”, aclaró.
El titular del IFSE, Rodrigo Locourtois López, respondió con dureza. Aseguró que, tras la resolución de la Corte, la Universidad está obligada a permitir la revisión completa de sus cuentas públicas y advirtió que se abrirá un expediente contra el rector Zermeño y la titular administrativa de la institución para que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determine posibles sanciones, que podrían ir desde multas hasta inhabilitación.
“No vamos a permitir que se sigan negando a transparentar recursos públicos. Aunque tengan el agua hasta el cuello, deberán rendir cuentas”, declaró el auditor estatal.
A la presión del IFSE se sumó la postura del diputado local Fernando Gámez, del Partido Verde Ecologista, quien anunció que el Congreso del Estado podría llamar a comparecer al rector para que explique públicamente los recientes casos de abuso sexual dentro de la UASLP, así como la falta de claridad en el uso de recursos.
“La autonomía no puede ser sinónimo de impunidad. El Congreso tiene la facultad de revisar sus cuentas y exigir transparencia”, afirmó el legislador.
No obstante, la abogada general de la Universidad rechazó categóricamente la posibilidad de que el rector comparezca ante el Poder Legislativo, al advertir que sería una intromisión directa en la autonomía universitaria.
“El único órgano facultado para llamar la atención al rector es el Consejo Directivo Universitario. Cualquier comparecencia ante el Congreso sería un acto impropio y vulneraría la soberanía de la institución”, sostuvo.
El conflicto revive un debate histórico, ¿hasta dónde llega la autonomía universitaria y dónde comienza la obligación de rendir cuentas por el manejo de recursos públicos?
La UASLP defiende su independencia administrativa como un principio constitucional que garantiza la libertad académica y de gestión. Pero el IFSE y varios legisladores argumentan que la autonomía no debe servir como escudo frente a la fiscalización, sobre todo cuando se trata de dinero proveniente, en parte, del erario.
Ambos discursos coinciden en la necesidad de transparencia, pero divergen en el mecanismo, mientras la Universidad reclama el derecho de rendir cuentas bajo sus propios esquemas internos, el órgano fiscalizador insiste en que toda institución que maneje recursos públicos debe ser revisada externamente, sin excepciones.
El conflicto entre el IFSE y la UASLP expone no sólo una disputa jurídica, sino también una crisis de confianza pública. En medio de denuncias por violencia de género, señalamientos de opacidad y tensiones internas, el discurso de la autonomía enfrenta su mayor desafío, demostrar que puede coexistir con la rendición de cuentas sin perder independencia ni credibilidad.
En un escenario donde la transparencia se ha convertido en exigencia social, defender la autonomía no puede implicar cerrar las puertas al escrutinio, pero tampoco justificar que desde el poder político se intente coartar la libertad universitaria bajo el pretexto de la fiscalización.
El equilibrio entre ambos principios —autonomía y transparencia— será la verdadera prueba para la UASLP, y también para el Estado.
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