San Luis Potosí, SLP.- El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, confirmó que el tercer implicado en el caso de violación agravada contra una estudiante de la Facultad de Derecho también pertenece a la comunidad universitaria, pese a que en un inicio las autoridades académicas aseguraron que se trataba de una persona ajena a la institución.
“Sí se había comentado que eran dos estudiantes y un externo pero sí es alumno de la UASLP. No puedo dar más detalles porque está en investigación, pero sí es alumno nuestro”, declaró Zermeño Guerra, contradiciendo la versión inicial difundida por directivos y autoridades universitarias.
La revelación del rector abre un nuevo frente de cuestionamientos hacia la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” y hacia quien atendió el caso desde el primer momento, el secretario académico Miguel Meabe, señalado por estudiantes como responsable de permitir que los tres implicados abandonaran el recinto sin aplicar el protocolo correspondiente.
De acuerdo con los primeros reportes, los administrativos de Derecho informaron que uno de los presuntos agresores no era alumno de la UASLP, basándose en información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, tras las investigaciones, se determinó que el tercer implicado sí pertenece a otra facultad de la propia universidad, lo que deja en evidencia fallas graves en los procesos de verificación y actuación institucional.
Esta falta de precisión, sumada a la permisividad con que los implicados abandonaron el lugar de los hechos, pone en entredicho la efectividad del protocolo de atención a víctimas de violencia de género que la UASLP asegura haber seguido al pie de la letra.
El caso ha escalado más allá de lo judicial y ha puesto en crisis la confianza del estudiantado hacia sus autoridades. La comunidad universitaria ha señalado que el manejo opaco y contradictorio por parte de los directivos ha contribuido a la indignación que derivó en paros y manifestaciones que ya cumplen más de una semana.
La FGE confirmó que los tres implicados fueron imputados por violación agravada, entre ellos un estudiante mayor de edad identificado como Santiago “N”, otro alumno de Derecho menor de edad, y un tercer estudiante de otra facultad, también mayor de edad.
Ante la presión social y las exigencias plasmadas en el pliego petitorio, el rector anunció que la UASLP implementará un sistema biométrico de acceso a las facultades y que revisará los tiempos y procedimientos de la Defensoría de Derechos Universitarios, reconocidos por su lentitud y falta de resultados.
“Hay casos en la Defensoría que llevan meses y no han avanzado. Vamos a trabajar para que la atención a las quejas sea más rápida”, aseguró Zermeño.
Sin embargo, más allá de las promesas técnicas, la comunidad universitaria exige rendición de cuentas reales, la revisión de responsabilidades dentro de la propia Facultad de Derecho y una transformación del protocolo que, en los hechos, no logró proteger a la víctima ni contener a los agresores.
De acuerdo con los acuerdos entre alumnos y el rector, el próximo lunes podría levantarse el paro estudiantil que mantiene detenidas las actividades académicas, siempre y cuando haya garantías de justicia, seguridad y transparencia.
El caso marca un antes y un después en la historia reciente de la UASLP, una universidad que presume protocolos, pero que hoy enfrenta el cuestionamiento más profundo de su comunidad.
Porque más allá del delito, la pregunta que persiste es quién permitió que los agresores se fueran.
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