La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el último recurso legal utilizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con la finalidad de ser reconocida como un órgano constitucional autónomo. De esta forma, al ser entonces considerada como un órgano descentralizado del estado, se convierte en un ente que debe ser auditado.
Ante esto, Rodrigo Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), reconoció que la decisión de la SCJN no es de ninguna manera una sorpresa, pues “era algo que ya se veía venir desde hace unas semanas cuando nos enteramos de la controversia constitucional promovida por la UASLP que siempre ha intentado posicionarse como una autoridad autónoma con facultades propias y hacer uso del recurso a su antojo, algo que no puede ser permitido dentro del marco legal del estado ni de la federación porque el recurso es de los propios alumnos y de la institución”.
UASLP adeuda la fiscalización de tres ejercicios fiscales
La UASLP está obligada a someterse a la fiscalización y transparencia en el uso de los recursos públicos, luego de que la SCJN desechó la controversia constitucional con la que la UASLP buscaba evitar ser auditada por el IFSE. Así lo señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.
Actualmente, la UASLP adeuda la fiscalización de tres ejercicios fiscales: 2022, 2023 y 2024. El legislador apuntó que existe un estimado de 600 millones de pesos en observaciones por cada año no fiscalizado.
Gámez Macías exige al IFSE iniciar auditoría a la UASLP
Gámez Macías manifestó que la SCJN, resolvió que la Universidad de manera recurrente señaló ser un órgano constitucional autónomo local; sin embargo, la normativa que lo regula no lo establece como tal, sino como un órgano descentralizado del Estado, y esto no la equipara a un órgano constitucional autónomo, y en esos términos no se puede habilitar la procedencia de la controversia constitucional intentada.
Por lo tanto, el IFSE como lo contempla la ley en la materia, debe iniciar con los procedimientos de auditoría gubernamental a la máxima casa de estudios, para desahogo de su cuenta pública y aplicación de recursos, señaló el legislador.
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