San Luis Potosí, SLP.- Durante septiembre, el delito de narcomenudeo en la capital potosina se disparó 58.4 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ante este repunte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos sostuvo que el tema “no es competencia estrictamente municipal”, al subrayar que la atención del narcomenudeo “corresponde a los tres órdenes de gobierno”. Sin embargo, su postura ha generado debate, pues aunque legalmente tiene razón en parte, el municipio no está exento de responsabilidad en la prevención y control de este delito.
Tiene razón pero solo a medias
El señalamiento del alcalde no carece de fundamento. El narcomenudeo —por su relación con la venta de drogas y el crimen organizado— se considera un delito de competencia concurrente, lo que significa que puede ser atendido tanto por autoridades federales, estatales como municipales, dependiendo del caso.
Es cierto que las investigaciones profundas y los desmantelamientos de redes criminales recaen en la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República, pero eso no exime al municipio de participar activamente en la detección, vigilancia y prevención de este tipo de conductas.
De hecho, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal establece que la venta al menudeo de drogas, cuando ocurre en pequeñas cantidades y de manera local, sí puede ser atendida por las corporaciones municipales, especialmente cuando los hechos ocurren en flagrancia o afectan el orden público.
Más allá de lo jurídico, el municipio es la primera línea de contacto con la ciudadanía. La Policía Municipal es la que patrulla, atiende reportes vecinales y observa el movimiento diario en colonias, tianguis y parques.
Por ello, aunque Galindo Ceballos aseguró que el tema “no le compete”, en la práctica su administración sí tiene la capacidad —y el deber— de actuar frente al narcomenudeo desde su raíz, la prevención comunitaria, la disuasión y el patrullaje estratégico.
Mientras el gobierno capitalino celebra la disminución de robos y homicidios, el auge del narcomenudeo muestra una falla en el control territorial y en las políticas de proximidad ciudadana.
"Generalmente es difícil bajar un punto, hoy bajamos cuatro; en mis cuatro años de alcalde ya sumamos 23 puntos a favor de la percepción de seguridad", afirma el edil capitalino.
Pero mientras el alcalde presume que San Luis Potosí mejoró cuatro puntos porcentuales en percepción de seguridad, según el más reciente informe del INEGI. Sin embargo, la percepción no siempre coincide con la realidad.
El aumento de delitos como narcomenudeo y extorsión —que también creció más de 32 por ciento en el último año— evidencia un problema que no se resuelve con encuestas, sino con acciones sostenidas.
Deslindarse completamente del tema bajo el argumento de que “corresponde a otros niveles de gobierno” debilita la respuesta institucional y transmite la idea de que el municipio opera en segundo plano frente a la delincuencia. La seguridad ciudadana, sin embargo, comienza en lo local, y cualquier aumento del narcomenudeo afecta directamente la vida cotidiana de los potosinos.
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