San Luis Potosí, SLP.- La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a someterse a la fiscalización y transparencia en el uso de los recursos públicos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional con la que la UASLP buscaba evitar ser auditada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Así lo señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.
El legislador explicó que la SCJN resolvió que, aunque la Universidad señaló recurrentemente ser un órgano constitucional autónomo, la normativa no la establece como tal, sino como un órgano descentralizado del Estado. Esta clasificación legal impide que proceda la controversia constitucional.
"El mensaje es muy claro e ineludible, la autonomía no es sinónimo de impunidad o de excepción a la ley; la Suprema Corte ha determinado de manera contundente que la Universidad Autónoma es un órgano descentralizado del Estado, y no un órgano constitucional autónomo... Esta clasificación legal obliga a la máxima casa de estudios a someterse a la fiscalización Superior y a la rendición de cuentas", enfatizó Gámez Macías.
Ante esta decisión de la Corte, el diputado Gámez Macías indicó que el IFSE debe iniciar de inmediato con los procedimientos de auditoría gubernamental a la máxima casa de estudios, conforme a la ley.
Actualmente, la UASLP adeuda la fiscalización de tres ejercicios fiscales: 2022, 2023 y 2024. El legislador apuntó que existe un estimado de $600 millones de pesos en observaciones por cada año no fiscalizado.
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