San Luis Potosí, SLP.- En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado Jesús Juárez Hernández, informó que en el último año se aseguraron 378 cámaras de videovigilancia utilizadas por la delincuencia organizada, entre otros resultados.
En el último día de comparecencias ante el Congreso del Estado por la Glosa del IV Informe de Gobierno, las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social se reunieron con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado Jesús Juárez Hernández.
El presidente de la comisión legislativa diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidió la reunión a la que asistieron los directores de las diferentes áreas de la Secretaría así como diputadas y diputados que pertenecen a diversas comisiones legislativas y que representan los distritos del estado.
Luego de la presentación sobre los resultados de la estrategia de seguridad implementada, las y los legisladores presentaron preguntas y posicionamientos en relación a diversos temas; la diputada María Leticia Vázquez Hernández dijo las 48 bases en el estado y la coordinación con los Ayuntamientos, es fundamental para la seguridad de los ciudadanos. El funcionario respondió que la Secretaría se fortalece con elementos egresados de la Academia que está certificada, por lo que tiene 3,345 elementos de los que 2,808 son operativos y los demás administrativos en las cuatro zonas del estado.
Los diputados Cuauhtli Badillo Moreno, Carlos Arrreola Mallol, Nancy Jeaninne García Martínez y Gabriela López Torres hicieron planteamientos sobre las condiciones del sistema de reinserción social y la estrategia del Gobierno Federal sobre seguridad. El secretario Jesús Juárez destacó que hay cinco centros de reinserción social en el estado, tres varoniles, uno femenil y el mixto de La Pila y se trabaja en una mesa intersecretarial para generar condiciones de reinserción social efectivas aplicando las políticas públicas diseñadas para ello.
Sobre el penal femenil de Xolol, dijo que los 10.5 millones de pesos que canalizó la Federación como parte del Socorro de Ley, se destinaron para la infraestructura de este lugar, que se habilitó como tal a partir de la recomendación de 2019; se trabaja en fortalecer las acciones para facilitar la proximidad entre las personas privadas de la libertad y sus familiares, con el respaldo del sistema DIF del estado.
Les respondió a los legisladores que San Luis Potosí tiene un mejor nivel en el ámbito nacional en términos de seguridad pública; recientemente firmó un convenio con la Federación en el marco de la nueva Ley de Seguridad Pública Federal, para fortalecer las estrategias, alinear la Ley Estatal y los Reglamentos a las nuevas disposiciones, además de que tendrá facultades para integrar una unidad de inteligencia e investigación.
La diputada María Aranzazu Puente Bustindui planteó la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en sus policías y preguntó por la coordinación con los 59 ayuntamientos; el secretario de Seguridad Pública dijo que la capacitación, supervisión y certificación de los elementos es la mejor garantía de su desempeño y añadió que la seguridad pública municipal ha quedado a deber por falta de fortalecimiento o voluntad, o por ambas.
El legislador Luis Felipe Castro Barrón preguntó por los delitos cibernéticos y el funcionario dijo que los principales que se cometen son el fraude, la extorsión, usurpación de identidad y algunos en centros educativos, por lo que la Policía Cibernética supervisa las redes sociales y se aplica una estrategia nacional para desarrollar los protocolos de atención de delitos.
La legisladora Dulcelina Sánchez de Lira centro su pregunta en el trabajo de la División de Caminos y Carreteras y el trabajo con las alcaldías de la zona Altiplano; Juárez Hernández dijo que la relación con los ediles de la región es positiva y la División Caminos que se creó en 2021, tiene presencia en todo el estado para prevenir delitos de robo de autotransporte, combustible, vehículos y movilidad de grupos criminales.
Estuvo de acuerdo con el diputado Rubén Guajardo Barrera en la iniciativa de reforma para que la Guardia Civil del Estado coadyuve con el Ministerio Público en la investigación del delito; al legislador Marcelino Rivera Hernández le respondió que el delito de abigeato se combate con inteligencia y acciones concretas.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte destacó la necesidad de atender las recomendaciones de derechos humanos; el secretario de Seguridad dijo que este año no se ha recibido ninguna y las direcciones tienen personal que atiende este tema; también informó sobre las condiciones laborales de los elementos que, según los parámetros, son los mejores pagados del país.
En la exposición inicial, el secretario Jesús Juárez informó que entre los resultados más importantes destacan: 215 personas aseguradas, pertenecientes a diversos grupos criminales; 235 armas de fuego —cortas y largas—, 5 mil 811 cartuchos, 270 cargadores y 10 artefactos explosivos decomisados; 193.6 kilogramos de drogas aseguradas, entre cocaína, cristal y marihuana; 2 mil 92 vehículos recuperados y asegurados, de los cuales 947 contaban con reporte de robo, 351 eran motocicletas y 496 se encontraban abandonados.
Más de 2 millones 383 mil litros de hidrocarburo asegurado en coordinación con autoridades federales; 378 cámaras de videovigilancia utilizadas por la delincuencia organizada fueron desmanteladas; ocho nuevas bases operativas instaladas en puntos estratégicos del Estado: Venado, Santo Domingo, La Pila, Estación Catorce, Huizache, Villa de Arista, Villa de Ramos y Cárdenas; 50 nuevas patrullas incorporadas para reforzar la presencia policial en las cuatro regiones.
Mil cien nuevos elementos formados en la Academia Estatal de Seguridad Pública, incluyendo a la cuarta generación de cadetes graduados; 13 mil 10 personas puestas a disposición de las autoridades competentes por su probable participación en hechos delictivos; 13 mil 233 medidas emitidas en favor de la seguridad de las mujeres, que incluyen 10 mil 612 medidas de protección, mil 212 órdenes de protección y mil 409 medidas cautelares.
Se logró un presupuesto histórico de 5 millones 672 mil 162 pesos, destinado a la adquisición de agentes químicos no letales, para la disuasión de disturbios sin poner en riesgo la vida de las personas ni de los elementos de seguridad.
.gif)
