La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para revisar un proceso por fraude fiscal contra Víctor Garcés Rojo, ex director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul.
Por cinco votos contra tres, la Corte aceptó la solicitud de la Ministra Lenia Batres para atraer un amparo directo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para impugnar la sentencia de un tribunal colegiado de apelación que, en enero pasado, resolvió que la denuncia contra Garcés fue presentada fuera del plazo legal.
Inicialmente, la Corte registró un empate a cuatro votos, por la ausencia esta semana de la Ministra Loretta Ortiz, pero Arístides Guerrero ofreció cambiar su postura, con lo que se consiguió la mayoría.
Si bien la atracción fue presentada por Batres, aparentemente fue el propio Garcés quien la planteó, para sacar el asunto del Sexto Tribunal Colegiado Penal, donde originalmente se iba a resolver, e incluso ya se había desechado un proyecto en junio pasado.
Garcés fue acusado por un fraude fiscal de casi 3 millones de pesos, por omitir 8.2 millones de pesos de ingresos en la declaración de impuestos que presentó en abril de 2016, por lo que la SHCP tenía hasta abril de 2021 para denunciar el delito ante la FGR.
El problema, según el tribunal de apelación, fue que el dictamen contable para sustentar la acusación no fue elaborado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro del plazo de cinco años para evitar la prescripción del delito, como ordena jurisprudencia de la Corte.
Las autoridades trataron de corregir el problema con un dictamen contable de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que sí fue presentado a tiempo, lo que fue rechazado tanto por el juez que rechazó vincular a proceso a Garcés, como por el tribunal de apelación.
La Corte justificó la importancia jurídica del caso porque permitirá aclarar si la SHCP está obligada a presentar un dictamen contable del SAT, o si el plazo de cinco años se puede interrumpir con un dictamen de otra autoridad, en este caso, la PFF, que no es la encargada de recaudar impuestos ni determinar si hubo evasión.
Tradicionalmente, el amparo directo que intentó la SHCP hubiera sido desechado, pero en abril pasado, por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte abandonó su criterio de los veinte años previos, y determinó que el Gobierno sí puede promover ese recurso, pues es "víctima u ofendido" de los delitos en materia fiscal.
Más allá de este caso, Garcés está preso en el Reclusorio Norte, pues enfrenta procesos por trata de personas con fines de explotación sexual en el fuero común, y por delincuencia organizada y lavado de 114 millones de pesos, en el fuero federal.
