Desde 2013, al menos 30 jornaleros, productores, empacadores y líderes limoneros han sido asesinados en el Valle de Apatzingán, en la Tierra Caliente de Michoacán, donde el crimen organizado impone cuotas en toda la cadena productiva del cítrico y apaga con balas o explosivos cualquier intento de resistencia.
Desde inicios de año el crimen escaló su hegemonía de la extorsión al coyotaje para involucrarse en la cadena productiva con la fijación de precios y hasta en la administración de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, que encabezó Bernardo Bravo, asesinado tras denunciar las prácticas delincuenciales.
En 2024 fue ejecutados José Luis Aguiñaga y un año antes se registró la ejecución de Hipólito Mora, quienes encabezaron protestas -incluso armadas- contra el cobro de piso y el control de las organizaciones criminales en ese sector de la economía de Michoacán, que aporta el 31 por ciento de la producción nacional.
El registro más violento se reportó en 2013, cuando 14 limoneros fueron emboscados en Apatzingán al regresar de una protesta por los cobros de piso. El ataque marcó el inicio del repliegue del sector y la entrada abierta de grupos armados que, desde entonces, dominan los cortes, la comercialización y el transporte del cítrico.
Entre 2024 y 2025, la espiral volvió a acelerarse. El empacador José Luis Aguiñaga Escalera, asesinado en septiembre de 2024, y Rogelio Escobedo Peñaloza, ultimado en diciembre del mismo año, habían encabezado quejas contra las cuotas impuestas por "Los Viagras" y "Los Blancos de Troya", cuyo liderazgo recae en "El Gordo Santana".
Este año, cuatro productores más -entre ellos Ramón Paz Salinas, quien murió al detonar un artefacto explosivo en enero- perdieron la vida en ataques en Apatzingán, Parácuaro y Buenavista.
De acuerdo con testimonios, el crimen controla la cadena del limón desde la entrada a las huertas y hasta el traslado del producto hacia los centros de acopio. Los empacadores están obligados a "cooperar" con pagos semanales o mensuales; quienes se niegan son golpeados, secuestrados o asesinados.
El homicidio de Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), paralizó temporalmente los cortes en más de 8 mil hectáreas de cultivo en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Múgica, generando pérdidas millonarias y un nuevo éxodo de jornaleros hacia Colima y Jalisco, añadieron fuentes locales.
A pesar de los operativos militares en la zona, el terror se impone sobre la organización civil, mientras otras asociaciones de productores operan en la clandestinidad, sin nombres ni voceros públicos, para evitar represalias contra sus miembros por parte de miembros de la delincuencia organizada.
Los huertos siguen produciendo, pero bajo el dominio de células que extorsionan, fijan precios y usan los cargamentos como fachada para el tráfico de drogas y armas, acusaron fuentes locales.
En los últimos 13 años, ninguno de los asesinatos de limoneros ha sido plenamente esclarecido, y sólo en el caso más reciente hay un detenido, quien fue ligado con el delito de la extorsión en la región.
Las autoridades estatales reconocen que "el control criminal persiste", mientras el Gobierno federal asegura mantener "operaciones de disuasión" en Tierra Caliente.
