San Luis Potosí, SLP.- La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una de las crisis más profundas de los últimos años, luego de que se confirmara la violación de una alumna dentro de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, hecho que detonó un paro generalizado, bloqueos en múltiples vialidades y una oleada de renuncias y destituciones entre funcionarios universitarios.
El rector Alejandro Zermeño Guerra aceptó la renuncia del director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaytán, señalado por obstaculizar la investigación interna sobre los hechos ocurridos el pasado viernes. De igual manera, presentó su dimisión Magdalena Beatriz González Vega, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, señalada por omisiones reiteradas y por minimizar denuncias de violencia de género no solo en Derecho, sino también en otras facultades.
En su lugar, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho deberá nombrar un director interino, mientras que el Consejo Directivo Universitario (CDU) definirá quién ocupará la dirección de manera definitiva.
Para garantizar la operatividad mientras se formaliza el relevo, una comisión especial integrada por la Abogacía General, el Órgano Interno de Control y la Secretaría General de la Facultad asumirá temporalmente la administración.
Por su parte, en sustitución de González Vega, fue designada Olivia Salazar Flores como defensora interina de los Derechos Universitarios. Salazar, quien se desempeñaba como secretaria técnica de la Abogacía General, es reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y su activismo feminista dentro y fuera de la universidad.
La abogada general, Urenda Queletzú Navarro, informó que, tras las diligencias correspondientes, dos alumnos implicados en la agresión fueron expulsados de manera definitiva, conforme al artículo 88 del Estatuto Universitario y al Protocolo para la Atención, Erradicación y Sanción de la Violencia de Género.
También se destituyeron a dos funcionarios de la Facultad de Derecho por omisiones en la atención del caso. Además, el Órgano Interno de Control, encabezado por Karla Pantoja Banda, abrió una investigación de oficio para determinar posibles responsabilidades administrativas y negligencias en el manejo del caso.
“El procedimiento continuará abierto para esclarecer cualquier actuación indebida del funcionariado”, señaló Pantoja, quien confirmó la colaboración directa con la Fiscalía General del Estado (FGE) para entregar material videográfico y documentación sobre el suceso.
Mientras las autoridades intentan restablecer el orden, el movimiento estudiantil se fortaleció. La mañana de este martes, alumnos de Economía, Psicología, Hábitat, Contaduría, Ciencias de la Información, Ingeniería, Ciencias Químicas, Estomatología, Enfermería, Ciencias de la Comunicación se unieron al paro iniciado en Derecho, bloqueando arterias principales de la capital potosina como forma de presión para exigir justicia y reformas reales en los protocolos de atención a víctimas.
Los estudiantes han sido claros, no liberarán las vialidades ni las facultades tomadas hasta que se cumplan los seis puntos del pliego petitorio, que incluye la depuración institucional, sanciones ejemplares y la garantía de que no haya represalias contra quienes se manifiestan.
“Ojalá aprovecharan para sacar a toda la basura existente en la UASLP. Hay casos abiertos en Defensoría sobre alumnos, maestros y administrativos acosadores, hostigadores y violadores. Hasta que se vean acciones reales, basta de promesas falsas”, expresaron desde uno de los colectivos universitarios.
Navarro sostuvo que la universidad no criminalizará la protesta estudiantil, reconociendo su legitimidad y abriendo canales de diálogo con la Federación Universitaria Potosina (FUP) y otras agrupaciones.
“No vamos a solicitar que se retiren; su protesta es legítima. Nuestro deber es atender sus demandas y actuar conforme a nuestras obligaciones institucionales”, afirmó.
La funcionaria adelantó que la administración interina revisará el uso de los espacios de representación estudiantil dentro de Derecho, tras los señalamientos de que estos habrían sido utilizados para encubrir prácticas indebidas. “No se trata de eliminar los espacios estudiantiles, sino de asegurar su uso correcto”, puntualizó.
Con la salida de los funcionarios implicados y el creciente descontento del alumnado, la UASLP enfrenta una crisis de confianza sin precedentes. Los estudiantes han dejado claro que su lucha va más allá de un solo caso, exigen que se erradique la impunidad y la red de complicidades que, aseguran, protege a agresores dentro de la institución.
Mientras tanto, las autoridades universitarias buscan tender puentes de diálogo para restablecer la normalidad académica y liberar las vialidades, aunque el consenso estudiantil parece firme, sin justicia, no habrá regreso a clases.
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