La multinacional surcoreana Samsung Electronics se encuentra en medio de una controversia fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, por lo que —según reportes de medios financieros— la compañía estaría evaluando su permanencia en el país.
La situación ha generado preocupación entre autoridades, analistas y el sector empresarial, pues la firma asiática representa una de las mayores inversiones tecnológicas y manufactureras en México, con presencia estratégica en Tijuana y Querétaro.
El origen del conflicto: presunta doble cobranza del IVA
El conflicto tiene su raíz en un litigio fiscal por una supuesta doble cobranza del IVA derivada de operaciones de importación temporal virtual, realizadas bajo el programa IMMEX, que permite a empresas manufactureras importar insumos sin pagar impuestos mientras los productos se exporten posteriormente.
Según los reportes, el SAT reclama a Samsung más de 300 mil millones de pesos, monto que incluye intereses, recargos y multas acumuladas.
Este total equivale, de acuerdo con estimaciones financieras, a seis años de utilidades de la empresa en territorio mexicano.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que la compañía enfrenta una “encrucijada”: pagar el monto exigido o considerar la posibilidad de reducir o cesar operaciones en el país.
El comunicado de Samsung
A través de un comunicado difundido en redes sociales —y retomado por portales financieros como El CEO—, Samsung México reafirmó su compromiso con el país, pero pidió al Gobierno una resolución constructiva ante la disputa fiscal.
“Samsung ha mantenido, a lo largo de casi tres décadas, un firme compromiso con el cumplimiento y respeto de las leyes de México, consolidando una presencia sólida y responsable en el país”, expresó la compañía.
El texto subraya que la empresa busca un diálogo continuo y colaborativo con el Gobierno mexicano para resolver el conflicto “de manera justa y conforme a derecho”.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la inversión constante, el crecimiento sostenible y las contribuciones significativas al desarrollo de la economía mexicana, fortaleciendo así nuestra alianza de largo plazo con la nación”, agregó.
La presencia de Samsung en México
Samsung mantiene una sólida infraestructura productiva en México desde hace casi 30 años:
• Planta en Tijuana: especializada en la fabricación de pantallas y televisores, con una capacidad de producción de 16 mil unidades diarias.
• Planta en Querétaro: orientada a la producción de electrodomésticos, incluyendo refrigeradores y lavadoras, que abastecen tanto al mercado nacional como al 80% de las exportaciones hacia Norteamérica y Latinoamérica.
• Además, la empresa genera miles de empleos directos e indirectos, y forma parte de la cadena de valor tecnológica más importante del país, junto con otras multinacionales como LG, Sony y Hisense.
Qué pasaría si Samsung abandona México
La posible salida de Samsung tendría consecuencias económicas significativas:
• Pérdida de empleos en el sector tecnológico y manufacturero.
• Reducción de exportaciones de productos electrónicos y electrodomésticos.
• Desincentivo a la inversión extranjera bajo el esquema IMMEX, que ha sido clave para el crecimiento industrial.
• Riesgos en el T-MEC, ya que un caso así podría reavivar tensiones comerciales por trato desigual entre socios.
Contexto y reacciones
Analistas fiscales advierten que el conflicto podría escalar si no se alcanza un acuerdo pronto. El monto exigido es considerado “extraordinario y desproporcionado”, y podría poner en riesgo no solo las operaciones de Samsung, sino también la confianza de inversionistas extranjeros en el marco tributario mexicano.
Por su parte, el SAT no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, aunque fuentes internas señalan que la autoridad mantiene firme su postura de cobrar los adeudos, en apego a la ley.
Un caso que pone a prueba la confianza empresarial
Samsung llegó a México en la década de 1990 y se consolidó como una de las principales empresas tecnológicas del país. Su disputa actual con el gobierno federal no solo pone en juego una inversión estimada en más de mil millones de dólares, sino también la percepción internacional de México como destino seguro para la industria de alta tecnología.
Expertos consideran que la resolución de este caso marcará un precedente clave sobre cómo se manejan los conflictos fiscales entre el Estado mexicano y las empresas extranjeras.
