San Luis Potosí, SLP.- El pasado primero de octubre se presentó una supuesta amenaza de ataque en un centro educativo del poniente de la capital potosina, lo cual cimbró a toda su comunidad escolar. Aunque al final se descartó un riesgo inminente, el suceso tomó relevancia y urgencia por lo vertiginoso de su difusión en dispositivos electrónicos: madres y padres de familia asustados, estudiantes confundidos, docentes intentando mantener la calma y autoridades actuando con diligencia. Un hecho que, más allá de su gravedad puntual, nos obliga a mirar con profundidad el entorno digital y social en el que hoy se desarrolla la vida escolar.
Al respecto Emma Idalia Saldaña Guerrero, experta en temas de ciberseguridad en SOOMA Consultores, comentó que la sociedad enfrenta un nuevo riesgo, el que combina lo físico con lo digital. Destacó que, en México, de acuerdo con datos del INEGI (2023) y del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde, 2024), casi el 70% de los casos de acoso escolar involucran algún componente digital, y más del 80% de los jóvenes desconocen por completo las consecuencias legales de sus acciones en línea. "Esto nos dice que la violencia escolar ya no se limita a las aulas ni a los patios: hoy puede incubarse y amplificarse en los teléfonos que llevamos en el bolsillo".
Por ello, desde su experiencia en materia de seguridad pública, consideró que la respuesta institucional ante este tipo de eventos ha sido responsable, pero también limitada. La Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 33, contempla la llamada “operación mochila”, pero no prevé con precisión qué hacer en casos de emergencia grave, cuando la inmediatez de la amenaza exige actuar sin dilación; por lo que estos vacíos a la interpretación de reglamentos internos: deben estar claramente definidos en la ley, equilibrando el derecho a la seguridad con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Saldaña Guerrero apuntó que el reto es complejo porque se entrelazan principios constitucionales de primer orden: el interés superior de la niñez, la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad, por ello cualquier acción que se emprenda, como la “operación mochila” debe respetar esos principios, al tiempo que brinde certeza a las comunidades educativas y a las autoridades que deben decidir en cuestión de minutos.
"Al especializarnos en seguridad, en SOOMA Consultores trabajamos precisamente en ese punto coyuntural: llevar el conocimiento técnico y normativo al terreno real de todas las organizaciones públicas o privadas, lo que incluye a las escuelas, para construir así las estrategias integrales que fortalezcan la cultura de prevención y la seguridad en los entornos educativos".
Finalmente, mencionó que las redes sociales pueden ser aliadas excepcionales del aprendizaje, pero también un terreno fértil para la desinformación, el acoso o la violencia simbólica. "En esta nueva era, educar también implica enseñar a convivir en el espacio digital. No se trata de controlar, sino de acompañar; no de prohibir, sino de formar. Lo suscitado el primero de octubre no debe paralizarnos, sino inspirarnos a una acción colectiva".
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