San Luis Potosí, SLP.- Después de la manifestación realizada este miércoles por estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quienes denunciaron inacción institucional frente a un caso de presunto acoso y abuso sexual cometido por un profesor —que incluso cuenta con carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado—, las autoridades universitarias ofrecieron una respuesta formal, en un plazo máximo de 15 días se tomarán decisiones sobre el caso.
La abogada general de la institución, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, informó que la Defensoría de Derechos Universitarios está integrando un expediente con los elementos necesarios para turnarlo a la Oficina de la Abogacía General, donde se realizará el análisis jurídico-laboral correspondiente.
“El procedimiento deberá cumplirse conforme a derecho, sin omitir ninguna de las garantías que protegen tanto a la presunta víctima como a la persona señalada”, puntualizó.
Navarro Sánchez subrayó que la universidad actuará de manera diligente y pronta, y que la Defensoría ya emitió medidas precautorias para evitar el contacto entre las partes involucradas. Sin embargo, los estudiantes han cuestionado la lentitud con la que la institución ha procedido, pese a que —según denunciaron— el docente señalado permanece en funciones y frente a grupo, a pesar de los antecedentes y denuncias previas.
Durante el diálogo sostenido tras la marcha, las y los jóvenes entregaron un pliego petitorio en el que exigieron la separación inmediata del profesor, la revisión de los protocolos de atención a víctimas y mayor transparencia en los procesos internos.
La abogada general aseguró que los protocolos contra acoso y hostigamiento no han dejado de funcionar y destacó que la universidad cuenta con un modelo de atención integral centrado en las víctimas, que incluye acompañamiento psicológico y asesoría jurídica. Además, enfatizó que una sola denuncia es suficiente para que la institución inicie acciones.
En la reunión participaron también el secretario general de la UASLP, Federico Arturo Garza Herrera, la directora de la Facultad de Economía, María Isabel Graciela Vélez Dávila, y personal de la Defensoría de Derechos Universitarios.
Aun con la promesa de una respuesta en dos semanas, el estudiantado mantiene su exigencia de que la UASLP deje de proteger a agresores y actúe con la misma celeridad con la que, dicen, suele sancionar faltas administrativas menores. “No se trata solo de seguir el procedimiento, sino de garantizar justicia y seguridad para quienes estudian aquí”, expresaron manifestantes.
La protesta de este miércoles reaviva un reclamo que se repite en distintas facultades: la falta de sanciones efectivas contra docentes acusados de violencia de género, una deuda pendiente que la comunidad universitaria exige saldar con hechos, no con plazos.
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