Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) están divididos en el procedimiento de responsabilidades administrativas que mantiene la Contraloría Interna del INE contra consejeros electorales por detener consulta de revocación de mandato, en 2021.
Felipe Fuentes propuso a sus compañeros desechar el recurso de la consejera Claudia Zavala, al considerar que "escapa" a la Sala Superior conocer de dicha investigación, al no tratarse de un tema electoral.
Aunque reconoce que los consejeros son "autónomos" en sus decisiones y que no deberían ser juzgados por el sentido de sus votos.
"El régimen de responsabilidades administrativas no debe implementarse en detrimento de la autonomía, independencia ni libre ejercicio de las funciones constitucionales del Instituto y de sus integrantes", argumenta el magistrado en su propuesta, en la que propone defenderse ante la autoridad administrativa.
Sin embargo, otros magistrados advierten que sí existe competencia del Tribunal Electoral para pronunciarse sobre la investigación, pues lo que detonó el procedimiento fue un acuerdo en materia electoral del Consejo General.
Frente a esta división, los integrantes de la Sala Superior acordaron posponer la discusión del asunto, enlistado en la sesión de este miércoles, para revalorarlo y determinar si se mantienen la propuesta de Fuentes o habría posibilidad de modificarla.
Después de cuatro años, el 17 de septiembre, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE dio trámite a una denuncia presentada por Morena contra seis consejeros que, en 2021, detuvieron por unos días la consulta de revocación de mandato del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, que finalmente se realizó en abril de 2022.
En el procedimiento "por faltas graves" están los consejeros en funciones Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, así como los ex consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz.
"La presunta infracción al artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, (es la) tipificada como abuso de funciones, específicamente", argumenta el OIC en su procedimiento.
Esto, argumenta, porque estos seis consejeros, contra el voto de cinco, aprobaron posponer temporalmente la consulta de Revocación, sin tener facultades para ello, pues el ejercicio estaba mandatado en la Constitución, lo que generó, justifica, "una afectación al interés colectivo de la ciudadanía".
Zavala optó por recurrir a la Sala Superior para frenar la investigación, al considerar que el procedimiento transgrede su derecho fundamental al impedirle el ejercicio de la función electoral.
En su propuesta, Fuentes da la razón al OIC, que advirtió al Tribunal que es incompetente para conocer y resolver sobre una investigación basada Responsabilidades Administrativas, no en la norma electoral.
"Conforme con lo expuesto en la presente ejecutoria, los actos reclamados no se ubican dentro de la materia electoral y, por lo tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda, al carecer de competencia esta Sala Superior para analizar su legalidad", indica el proyecto, del que REFORMA tiene copia.
Sin embargo, asegura que la consejera tiene garantizado su derecho a una tutela efectiva a través de recursos que presente ante otra autoridad jurisdiccional.
