Opinión
Cuando ocurre una catástrofe, todos se apresuran a señalar culpables, pero pocos se detienen a asumir responsabilidades. En las primeras horas del desastre, la culpa se reparte como consuelo y justificación, mientras la responsabilidad se diluye entre niveles de gobierno, dependencias y discursos. En lugar de coordinación, emergen los reproches; en vez de prevención, se repite la improvisación. Así, la tragedia no sólo revela la fuerza de la naturaleza, sino también la fragilidad institucional de un país que, una y otra vez, prefiere buscar culpables antes que soluciones.
El estado de San Luis Potosí es un ejemplo claro de esta falta de visión preventiva. En su Presupuesto de Egresos 2025, destinó apenas 25 millones 762 mil pesos a Protección Civil, mientras asignó 75 millones 441 mil pesos a Servicios de Comunicación y Medios. La diferencia es reveladora: se invierte más en difundir mensajes que en proteger vidas. ¿Dónde queda la cultura de prevención y la responsabilidad de las autoridades locales?
Hoy, ante los desastres que golpean a cinco estados del país, quien da la cara es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, convocando a la “correlación de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno”. Sin embargo, esa coordinación suele verse obstaculizada por la falta de recursos locales, la centralización de decisiones y el rezago en infraestructura preventiva.
Particularmente, los recursos para la reconstrucción suelen liberarse días o incluso meses después de cada evento, lo que agrava los daños y el sufrimiento de las comunidades afectadas. México mantiene un rezago evidente en materia de prevención de desastres: faltan inversiones en tecnología, sistemas de alerta temprana, monitoreo meteorológico, planeación urbana e infraestructura resiliente.
Desde la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2020, el gobierno federal implementó un nuevo esquema de atención a emergencias basado en asignaciones directas y una coordinación interinstitucional más ágilentre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Este modelo busca optimizar el uso de recursos, evitar intermediarios y responder de manera más flexible ante contingencias. No obstante, el desafío sigue siendo garantizar que los apoyos lleguen con oportunidad y que los gobiernos estatales y municipales cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para complementar las acciones federales.
Muchos desastres amplifican su impacto debido a condiciones estructurales previas: viviendas precarias, asentamientos en zonas de riesgo, ausencia de planeación urbana y débil aplicación de la normatividad. Aunque la ley establece un enfoque integral de gestión del riesgo entre los tres niveles de gobierno, en la práctica la carga se concentra en el ámbito federal, mientras los municipios carecen de recursos y capacidades técnicas para responder con prontitud.
La historia se repite: los estados y municipios esperan que el gobierno federal los rescate, mientras la población aguarda respuestas que tardan en llegar. Las alertas tempranas fallan, la comunicación es insuficiente y la coordinación institucional aparece cuando el daño ya está hecho.
En México, la naturaleza pone a prueba nuestra capacidad de respuesta, pero lo que realmente queda al descubierto es la fragilidad de nuestras instituciones. Las catástrofes naturales no se pueden evitar, pero las humanas —las de la indiferencia, la improvisación y la irresponsabilidad— sí. Y son precisamente las autoridades locales quienes deben asumir, con visión y compromiso, la primera línea de esa responsabilidad: la de prevenir antes que lamentar, planear antes que improvisar y proteger antes que justificar.
Por:Roger Errejon Alaniz
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