La firma explicó que el proyecto de ley limitaría la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos
La nueva Ley de Amparo impulsada por el Gobierno federal; podría propiciar mayor riesgo regulatorio para las empresas e impactaría una amplia gama de actividades y sectores económicos, entre ellos, los de energía, transporte, minería e infraestructura, advirtió Fitch Ratings.
La firma explicó que el proyecto de ley limitaría la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos y reducir los recursos de elegibilidad.
"El proyecto de ley afectaría una amplia gama de actividades económicas y reduciría la previsibilidad para las empresas que dependen de permisos, autorizaciones y concesiones, con posibles implicaciones crediticias negativas que se evaluarán caso por caso.
"Fitch considera que los sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, minería e infraestructura social son los más expuestos".
El análisis, la calificadora refirió que el 15 de septiembre fue presentada esta iniciativa por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que ya fue aprobada por el Senado y está en revisión final en la Cámara de Diputados.
Indicó que su contenido prohibiría las suspensiones cuando las autoridades revocan permisos, concesiones o autorizaciones, limitaría los efectos de la medida cautelar al solicitante y restringiría la capacidad de terceros para alegar un interés legítimo.
La consultora de análisis describió que las empresas han recurrido ampliamente a los amparos para pausar acciones percibidas como violatorias de derechos, por lo que limitar las medidas suspensivas reduce los recursos prácticos contra cambios abruptos en las políticas o la administración y podría afectar la competitividad.
"Fitch considera que la aprobación de la ley dejaría a los emisores cuyos modelos de negocio dependen de permisos y autorizaciones gubernamentales más vulnerables a fricciones con las autoridades y con menos protecciones fiables contra decisiones unilaterales.
"Una mayor exposición a acciones administrativas adversas podría interrumpir las operaciones, retrasar proyectos en curso, reducir los ingresos y presionar la rentabilidad. Con el tiempo, podría frenar la inversión, restringir el acceso al mercado y ampliar los diferenciales para aquellos más expuestos a acciones discrecionales", señaló.
Aunque precisó que la ley no se aplicaría retroactivamente, lo que reduciría algunos efectos inmediatos.
Las implicaciones de la calificación dependerán de la exposición específica de la entidad y se evaluarán caso por caso si se necesita un amparo, señaló Fitch.
